Nadie quiere los indultos que el Gobierno de Sánchez está a punto de concederle a los condenados por el procés. Todas las encuestas y los estudios coinciden. Siete de cada diez españoles reniegan de tal iniciativa. Muchas son las razones que se esgrimen en contra. Entre ellas destacan la gravedad de los hechos, la ausencia de contrición y, particularmente, el anhelo mostrado por los reos de volver a repetir su delito. ‘Ho tornarem a fer’, cacarean con insistencia en cuanto se les pone un micrófono a tiro.
Ni la fiscalía, ni el tribunal sancionador secundan esta medida que tan sólo se explica en el deseo de Sánchez de satisfacer a quienes le debe su acceso a la Moncloa. El presidente del Gobierno precisó de los votos separatistas catalanes para tumbar a Rajoy y ahora los sigue necesitando para sostener esa mayoría parlamentaria que le permita cumplir la legislatura.
Se trata, en cualquier caso, de una decisión sumamente grave. Nadie pone en cuestión ni la autoría del delito ni la relevancia del mismo. El Ejecutivo social-comunista se ha lanzado a la tarea ingente y desesperada de intentar convencer a la opinión pública de que se trata de un acto de ‘magnanimidad’ que un país democrático puede y debe permitirse. ¿Magnanimidad? Poco saben de eso los que perpetraron el golpe contra el Estado en septiembre de 2017. Ni son magnánimos con los catalanes que no secundan sus ideas, esa mitad de la población hostigada y reprimida en su propia comunidad, ni lo son con el resto de los españoles, a quienes pretenden hurtarles el derecho a decidir sobre lo que ocurra en una parte de nuestra nación.
Lo peor del indulto viene después. Se anuncian ya mesas de negociación fuera del marco del Legislativo, una aberración que se aleja de las vías democráticas. Y ya se manosea a idea de un ‘referéndum pactado’ al estilo escocés, mediante el cual se pretenderá tumbar el actual estatuto y sustituirlo por uno nuevo en el que tenga cabida, cómo no, el ‘derecho de autodeterminación’. Es decir, demoler el actual mapa territorial español y colocar en su lugar un sudoku alejado del marco de nuestra Constitución.
Sánchez no sólo lo está permitiendo sino que está dando curso a esta estrategia secesionista, ampliamente rechazada por el común de la sociedad, tanto en la plaza de Colón, como en las encuestas y desde luego en los propios comicios catalanes donde apenas el 30 por ciento del censo respalda esta vía independentista. Un paso muy grave el que está impulsando Sánchez que quizás, lamentablemente, resulte inevitable.