Los juzgados de la región conocieron durante el año pasado un 45 por ciento más de delitos sexuales que los denunciados a las Fuerzas de Seguridad. Este llamativo dato  se obtiene de la comparación del recientemente conocido Avance de Datos Estadísticos de la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha con el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Aunque ambas estadísticas se refieran al mismo objeto, el número de delitos conocidos, su fuente es distinta. El Avance de la Fiscalía  se basa en las diligencias abiertas en los juzgados por los delitos de los cuales se conoce una presunta autoría. Mientras, el Balance de Interior recopila el total de denuncias de delitos presentadas ante Guardia Civil, Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad como las policías locales. Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  efectuada en 2015 impidió a las fuerzas de seguridad remitir estas denuncias a los juzgados mientras no tengan identificado de algún modo un posible autor del hecho delictivo. El resultado, desde entonces, es que las cifras de delitos de las estadísticas de Fiscalía y órganos judiciales suelen ser forzosamente menores que las policiales.

Sin embargo, los delitos sexuales marcan una llamativa excepción. El Balance de Interior registra en la región un total de 489 denuncias de este tipo durante el año pasado. Mientras, el Avance presentado este jueves por el fiscal superior de la región, José Martínez, registra un total de 711 diligencias por estas conductas delictivas.

La discrepancia de cifras ya viene de años anteriores, toda vez que Martínez indicaba, según los datos procedentes de juzgados, que los delitos sexuales se han incrementado un 17 por ciento con respecto a 2017, cuando se recabaron 607. Sin embargo el Balance de Interior, con las denuncias recogidas en comisarías y casas-cuartel, fija un alza mayor, del 31 por ciento, respecto a las 371 recopiladas en 2017. Por cierto, el Balance también fijaba un alza similar, del 30 por ciento, en los delitos sexuales en 2017 respecto a 2016.

En todo caso, las dos estadísticas coinciden en un importante aumento de los delitos sexuales conocidos por las autoridades competentes para su represión. El fiscal Martínez calificó este fenómeno de «inquietante», toda vez que las estadísticas de Fiscalía ya detectaron un aumento similar al de 2018 en 2017 respecto a 2016.

Ataques a menores, de 16 casos en 2014 a 116 en 2018. Durante su comparecencia ante la prensa, el fiscal superior señaló como «especialmente relevante» el número de delitos sexuales contra menores de 16 años, que se incrementó en un 36 por ciento en 2018 con 116 casos frente a los 85 de 2017. Preguntado por esta cuestión en la presentación del Avance de su organismo, Martínez apreció que «la problemática de los delitos sexuales ha variado, se ha transformado y ocurren en el hogar, o quizás una realidad que ya existía ha  empezado a aflorar». El fiscal continuó explicando que «ahora encontramos un perfil completamente diferente», en referencia a un tipo de agresión que «se produce en el seno familiar y tiene como víctima a un menor de edad, y el agresor es una persona que forma parte de este círculo de convivencia».

Hay que destacar que los datos estadísticos de Fiscalía y Tribunales sí miden específicamente las agresiones sexuales contra menores, detalle al que no llega el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Y en los últimos cinco años no han hecho otra cosa que aumentar. Si nos remitimos al dato de delitos sexuales contra menores en los que intervino la Fiscalía  en 2014, 16, nos daría que en los cuatro años siguiente este tipo de delitos han crecido un 625 por ciento en la región.

Para poner este alza en un contexto, hay que recordar que el delito sexual contra menores toma como referencia que la víctima tenga una edad inferior a la prevista para que pueda dar el consentimiento a la práctica del acto sexual. También en 2015, entraba en vigor una modificación legal que elevaba esta edad desde los 13 a los 16 años. Esta elevación buscaba homologar la edad de consentimiento sexual en España con la del resto de países europeos, y llegaba tras polémicas en casos de violencia de género en los que familias y autoridades tenían más difícil proteger a menores si superaban los 13 años. Uno de estos casos ocurrió en El Salobral (Albacete) en 2012, cuando un hombre asesinó a una chica de 13 años con la que había mantenido una relación, por lo que había sido denunciado por su familia. Lo cierto es que aquella reforma ha servido para que afloren de manera específica denuncias de casos en los que muchas víctimas ya se mueven en edades de adolescencia.