Primer debate presupuestario, enésimo acto electoral, meses antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Cualquier movimiento del Gobierno para tratar de rebajar la factura energética de los hogares y empresas españolas es considerado simultáneamente como medidas erróneas, erráticas e ineficaces y al mismo tiempo electoralistas por el aumento del gasto público, de tal forma que el debate en el pleno del Congreso para dar a conocer las próximas medidas que suponen movilizar tres mil millones de euros se ha convertido en una enmienda a la totalidad sobre toda su política económica, a los Presupuestos Generales del Estado, y al incremento de las pensiones con arreglo al IPC por parte de los partidos de la oposición, además de algún tirón de orejas sobre el gasto militar de sus socios parlamentarios, a lo que el gobierno opone la falta de cooperación que ha encontrado en el PP para hacer frente a la crisis y la falta de aportaciones. O sea, nada nuevo bajo el sol.
Y una vez más el debate parlamentario pasó de refilón sobre las medidas energéticas para centrarse en un nuevo enfrentamiento sobre el modelo fiscal, sobre si se ataca a los ricos cuando es preciso rebajar la pobreza, o sobre si la derecha asume la progresividad fiscal recogida en la Constitución, o la insistencia en que una mayor recaudación de impuestos sirve para que el Ejecutivo disponga de un dinero que detrae de los bolsillos de los ciudadanos, como si este no revirtiera en servicios sociales o en las políticas desarrolladas para contener los costes de la energía. El debate volvió a ser revival sobre cómo se abordó la anterior crisis financiera y la actual, con un debate de cifras repetido por enésima vez y que desde el PSOE se resumió entre salvar a los bancos o salvar a la gente.
La contraofensiva de Pedro Sánchez a las críticas de la oposición se centró sobre todo en plantear al PP que diga con claridad si está en disposición de cumplir el Pacto de Toledo que establece el incremento con acuerdo a la subida del IPC. Y en este punto, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, estableció que el Gobierno está rompiendo la solidaridad intergeneracional con esa subida y el actual sistema que calificó, como Vox, de "estafa piramidal". Ese será su caballo de batalla electoral junto con la defensa de las clases medias que no se benefician de las ayudas del Gobierno.
Frente a la oposición, que no reconoce ninguna virtualidad ni efecto de las medias del gobierno, Pedro Sánchez también reclamó al PP que diga si apoya o no los impuestos a las grandes fortunas, a las energéticas y a los bancos y al decreto en el que se establecerán las nuevas medidas de ahorro de gasto energético que beneficiará a un 40% de los hogares españoles. Preguntas sin respuestas hasta que haya que votar.
De la forma en la que se desarrolló el debate, del que es imposible sacar una mínima esperanza de acuerdo, se desprende que el Gobierno necesita revertir la sensación de que a pesar de que la mayor parte de los ciudadanos respalda las medidas de ahorro adoptadas, los nuevos impuestos "a los ricos" y la consecución de algunos hitos en la Unión Europea, los esfuerzos no se traducen en un apoyo electoral a los partidos de gobierno, y por supuesto separarlas de cualquier intención de compra de votos. Y entre tanto, Vox, demostrando que es un partido antisistema.