Pedro Sánchez sigue dando pruebas de tener una concepción vertical de sus atribuciones como presidente del Gobierno. Una forma de ejercer el poder que se aviene mal con la esencia del Estado de Derecho cuya piedra angular es la separación de poderes. Si se delató en su día con una intervención pública que ha pasado a las hemerotecas por el descarnado reconocimiento público de la dependencia gubernamental de la Fiscalía General del Estado, esta semana, al imponer a la presidenta del Congreso un cambio en la norma que regía la composición de la Comisión de Secretos Oficiales, ha rebasado otro límite.
Sánchez necesita calmar a sus socios y aliados de los partidos separatistas que denuncian que han sido espiados y accede a incluir a ERC, Junts y Bildu en la citada comisión rompiendo la norma que hasta ahora establecía que para formar parte de ella era preceptivo contar con tres quintos de la Cámara (210 votos), mayoría reforzada que solo podía alcanzarse con el apoyo del Partido Popular. Ahora, tras la alcaldada de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, bastará con el apoyo de la mitad más uno de los diputados de la Cámara.
Repasando la trayectoria de otros presidentes socialistas que precedieron a la señora Batet en la Presidencia del Congreso resulta difícil pensar que Gregorio Peces-Barba, Félix Pons o Manuel Marín se hubieran prestado a semejante tipo de enjuagues. Nunca dejaron de ser del PSOE pero supieron dejar al margen el carné del partido al ejercer un cargo institucional de tanto relieve como símbolo que es de la separación de poderes. Al servicio de las urgencias políticas coyunturales de Sánchez, Batet quiebra la exigible neutralidad y autonomía del poder que representa. Mal vamos.