Una delegación de la Sectorial Nacional del Ajo de ASAJA presidida por el cordobés Miguel del Pino y respaldada por ajeros de los demás grandes productores europeos (Francia, Italia y Portugal) está pasando esta semana de reunión en reunión para tratar de conseguir apoyo para los agricultores que se dedican al cultivo de esta planta. La rentabilidad desaparece y el horizonte es oscuro, por lo que se va solicitar a las autoridades comunitarias que medien en el problema.
Un problema que, en realidad, son dos. Por una parte, el escaso precio que están pagando a los agricultores las grandes superficies; por el otro, la prohibición del uso de un herbicida que no tiene sustituto y cuya desaparición obligaría a realizar las labores de escarda a mano, encareciendo tremendamente el cultivo, y cuyo veto solo sería efectivo para los agricultores de la UE, dejando una vez más de lado a las importaciones extracomunitarias.
En la ultima reunión semestral de la Mesa del Ajo, celebrada antes del verano en Lisboa, ya salieron a relucir estos problemas y los ministerios del ramo de los países implicados se comprometieron a abordarlos con las autoridades europeas. Ahora, ASAJA está en Bruselas para hacer fuerza y tratar de encontrar una solución a ambos impedimentos, que, aunque son los más importantes, no son los únicos.
Miguel del Pino explica a Cultum que las grandes superficies defienden su postura de no pagar más a los productores para no tener que repercutir esa subida al consumidor y de esa manera evitar un aumento mayor de precio de la cesta de la compra. Pero añade que el consumo de ajo en España -somos el país que más ajos come de la UE- no llega a los dos kilos por persona y año, por lo que la subida que piden no tendría mayores consecuencias para el ciudadano de a pie, pero sí ayudaría a salvar un sector que genera casi un millón de jornales cada campaña en nuestro país.
Una hectárea de ajos «se come» al año unos 12.000 euros y esta campaña la mayor parte de los productores no han conseguido cubrir esos gastos. Y el problema es que en esta época se comienza a sembrar el ajo del año que viene en Andalucía y en pocas semanas la campaña irá subiendo a las comunidades más norteñas (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Castilla y León), pero los agricultores se encuentran con que no saben si van a tener agua, si los precios de los insumos les van a dejar algo de rentabilidad o si van a poder emplear el herbicida necesario para poder eliminar las malas hierbas en un cultivo que precisa de estos productos mucho más que otros.
Del Pino dice que el herbicida que se ha usado desde hace muchos años está prohibido para la campaña de este año. La delegación que ha viajado a Bruselas tratará de conseguir una moratoria para que se permita a los agricultores seguir utilizándolo hasta que haya un sustituto, porque a día de hoy no hay ningún otro producto que haga el mismo papel. El responsable de ASAJA comenta que hay empresas de fitosanitarios que están trabajando para conseguirlo, pero obtener una sustancia de estas características exige mucho tiempo y una inversión enorme que esas empresas no están seguras de recuperar, porque las hectáreas dedicadas a este cultivo son pocas en términos absolutos.
Y por otra parte está el agravio de siempre: los productores comunitarios no van a poder usar ese herbicida, pero los agricultores de China o Argentina, dos de los países que más cabezas envían a España, podrán seguir empleándolo y sus ajos podrán seguir entrando en la Unión Europea sin ningún problema. A todo esto se une que, según manifiesta del Pino, el sector no sabe a día de hoy cuál es la causa de la prohibición.
Los precios y el herbicida son los mayores obstáculos que encuentran los ajeros europeos, pero no los únicos. Otros vienen a raíz del cupo de entradas que se concede a países extracomunitarios, que Miguel del Pino cifra en 8 millones de kilos. El asunto es que Egipto queda fuera de ese cupo y en los últimos años está aumentando mucho el cultivo de ajo en ese país; y gran parte de la producción de orillas del Nilo viene a España sin ningún control y a unos precios mucho más bajos que el ajo local, estableciendo así una competencia desleal.
Además, hay que diferenciar entre ajo fresco y congelado. El cupo de entradas en la UE solo es válido para el ajo fresco, pero del Pino expone que desde China llega gran cantidad de producto que se hace pasar por congelado a pesar de que no lo es, burlando así la normativa y escamoteando el arancel que se impone cuando se sobrepasa ese cupo y que es de 1,2 euros por kilo. Es decir, más competencia en desigualdad de condiciones para los ajeros españoles y dinero perdido por la autoridades comunitarias.
Habrá que esperar a ver en qué se traducen las reuniones de estos días en Bruselas.