El informe elaborado por el Consejo de Estado en el que se analiza el Proyecto de Real Decreto del Gobierno para revisar los planes hidrológicos, incluyendo la implantación del caudal ecológico que afectará al trasvase Tajo-Segura, ha suscitado reacciones contradictorias y el anuncio de nuevas movilizaciones la próxima semana en Madrid.

Así, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado convencido de que el documento recoge las alegaciones presentadas por su ejecutivo en el sentido de que no existen criterios objetivos y científicos que avalen el recorte previsto para el trasvase, y ha advertido de que las incompatibilidades entre el plan del Tajo y el del Segura impedirán, en su opinión, aplicarlos simultáneamente.

La evaluación oficial de su ejecutivo autonómico ha insistido en la coincidencia de su posición con la del Consejo de Estado en puntos como la necesidad de atender al interés general y coordinar los planes hidrológicos de las cuencas cedente y receptora, la ausencia de criterios técnicos a la hora de fijar el caudal ecológico o la "falta de claridad y transparencia del Consejo Nacional del Agua" que ha llevado a cabo "modificaciones sustanciales de los documentos durante el proceso de información y tramitación" sin informar de ellas.

El Consejo de Estado proporciona, según López Miras, una "justificación" al presidente del Gobierno Pedro Sánchez "para no recortar por motivos políticos el trasvase" y, si finalmente lo hace, será "definitivamente por una cuestión política y sectaria".

En el mismo sentido, la portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha afirmado este viernes que su postura ha quedado "reforzada y avalada" por el dictamen, por lo que van a incrementar "la intensidad y la fuerza" para reclamar modificaciones y que haya diálogo "sí o sí".

La vicepresidenta valenciana ha destacado algunos puntos del dictamen, como la parte que habla de una "falta de coordinación" entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, que el proyecto de real decreto "no solventa" y que puede provocar una "afección relevante" al trasvase, o "una cierta falta de transparencia" en la votación que se hizo en el Consejo Nacional del Agua.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha calificado el dictamen como "un buen inicio de recorrido" y ha recordado al Gobierno central que "no puede ser equidistante" de las necesidades de una región y otra, porque todas tienen "demandas objetivas" y se necesita que "se venza cualquier tribalismo, fundamentalismo o apropiación indebida".

"Defender los intereses de los regantes, de Alicante y de Murcia es también defender los intereses de España", ha advertido Puig, que quiere abordar el problema "desde la racionalidad y no desde el patrioterismo".

En Castilla-La Mancha, su presidente Emiliano García-Page también se ha felicitado por que el Consejo de Estado haya aprobado de forma unánime el dictamen sobre los planes de cuenca que recoge la creación de los caudales ecológicos incluido el del Tajo y ha defendido que esa creación "no es un tema político, sino legal".

García-Page ha recordado que su ejecutivo ha recurrido a los tribunales todos los trasvases autorizados del Tajo al Segura con "constancia, cabezonería y argumentos" y ha ido acumulando resoluciones judiciales favorables hasta llegar al Tribunal Supremo, que en cinco ocasiones ha dictado sentencias que exigen la fijación de ese caudal ecológico.

"No es una decisión caprichosa tomada por una voluntad política" sino "estrictamente legal", porque "no queda más remedio que cumplir las sentencias".

En Andalucía, la Mesa del Agua de Almería ha lamentado "profundamente" la situación y, según Fernando Rubio, uno de sus miembros, "lo que ha hecho el Consejo de Estado es aprobar la pérdida de 15.000 empleos y unas pérdidas económicas de casi 5.700 millones de euros en nuestra provincia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana".

"Todos los informes técnicos independientes avalan el cauda actual", ha recordado Rubio, quien alerta de que este "disparate" supondrá "un recorte del 50 % de los caudales que se venían recibiendo desde hace más de cuarenta años en Almería", con el resultado de que el agua "va a ir al mar, sin que se beneficien ni los regantes de la cuenca del Tajo, ni los abastecimientos, ni el hábitat del río".

Con este panorama, el Consejo de Ministros podría aprobar previsiblemente los planes de cuenca el próximo martes 24 de enero, el mismo día que los regantes alicantinos han convocado una nueva concentración de protesta ante el Palacio de Moncloa.