Los españoles están hartos del clima político. Según el CIS, nueve de cada diez encuestados quieren acabar con la tensión en el debate público y reclaman un esfuerzo por alcanzar acuerdos en temas de Estado. La fragmentación de la cultura política, las estrategias de polarización partidaria, la espectacularización de la acción pública y la sustitución del debate racional por la discusión patética son los rasgos que mejor definen la política española desde hace más de una década. 

La crisis financiera de 2008 disparó la desigualdad y puso de manifiesto la insuficiente capacidad de respuesta de los estados ante un tsunami que hizo mella en las clases medias que aún no se han recuperado físicamente de la pérdida de poder adquisitivo y psicológicamente de la incertidumbre generada. La insatisfacción por cómo se resolvió la crisis y la desazón por la falta de oportunidades han generado un ambiente de recelo y rechazo a las instituciones que se ha visto alimentada por el crecimiento de movimientos populistas de todo signo ideológico que promueven soluciones simplistas a problemas complejos y que agitan la confrontación como principal herramienta para la acción pública. 

En este contexto, los partidos que se dicen de Estado han asumido, en distintos grados y medidas, estas estrategias derivadas de una percepción cortoplacista y utilitarista de la política que rompe con cualquier consenso, por asentado y fundamental que sea para el sistema democrático, en favor de sus objetivos políticos inmediatos. Hace pocas horas, España ha vivido un ejemplo paradigmático de hasta dónde se puede llegar en esta dirección, pero cabe señalar asimismo las estrategias de bloqueo de instituciones como el Poder Judicial utilizadas en otros momentos. 

No obstante, son las formaciones que abogan por romper con lo que denominan 'régimen del 78', es decir, por derogar la Constitución vigente, las que con más ahínco han abonado este ruido molesto en que se ha convertido la política española, animado por actores que se dicen ajenos a la política -incluso se disfrazan de periodistas- y que no son sino protagonistas destacados en un rumbo que lleva al país a derrochar en insultarse los esfuerzos que necesita para prosperar. 

El debate en democracia es necesario. La altura de los políticos determina la naturaleza de la discusión pública que, en España, lleva demasiado tiempo instalada en un vuelo gallináceo que califica suficientemente a sus protagonistas. Y lo más importante: la calidad del debate político, generalmente, incide y determina la eficacia de la acción pública. Cuando la crispación rebasa determinados límites, se deteriora la confianza en las instituciones y se incentiva la huida de proyectos e inversiones. Es normal que los españoles estén preocupados por ello. Ahora falta que obren, con su voto, en consecuencia.