Conde Pumpido se ha puesto a la tarea nada más tomar posesión de presidente del Tribunal Constitucional y ha anunciado a los miembros del alto tribunal el calendario para analizar los recursos presentados en los últimos años. Como era previsible, como se temía, el primer escollo ha surgido con algunos de los nuevos miembros, por sus vínculos directos con los asuntos recurridos, fundamentalmente el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez, que también trabajó para la Generalitat catalana. También se ha puesto la lupa en César Tolosa y María Luisa Segoviano, por sus funciones como magistrados antes de formar parte del TC.
Es difícilmente comprensible que el parlamento, inducido por el gobierno y por el principal partido de la oposición, el PP, no haya sido capaz de encontrar las personas adecuadas sin que aparezcan problemas de incompatibilidades por su vinculación con asuntos que han sido recurridos o pueden serlo en el futuro. Lo que demuestra que tanto el gobierno como el PP se han movido más por motivos ideológicos que profesionales.
Desde siempre, al partido que gobierna y al de la oposición, y por supuesto al TC y al CGPJ les molesta profundamente que se les califique como progresistas o conservadores, pero la verdad es tozuda: son muchos los ejemplos en los que han votado en bloque en función de los intereses de quien les designó a través del Parlamento y del CGPJ.
Conde Pumpido ha marcado como prioridad los recursos a las leyes del aborto, la eutanasia y la ley de educación de Celáa. Se espera que Campo se abstenga en los dos segundos, pues era ministro de Justicia cuando fueron presentados por el gobierno. En cuanto a Laura Díaz, trabajaba para Generalitat y presentó informes que avalaban que el castellano no era lengua vehicular y no había por qué imponer el 25 por ciento de la enseñanza en Castellano.
En el caso de que ni uno ni el otro decidan abstenerse, lo más probable es que se presente la recusación hacia los dos, lo que provocará que se hará realidad lo que todos temían: el Constitucional avanzará difícilmente en sus funciones, porque las posibles abstenciones perjudicarán a la actual mayoría , pero hay peligro de que si no se abstienen pueden presentarse recusaciones contra ellos. Todo ello incidirá en mal clima y dudas sobre su imparcialidad. Sobre todo si se producen maniobras en favor del actual gobierno o de la actual oposición cuando se conozca el resultado de los recursos presentados. Situación indeseable como la de los últimos años, en los que fue creciente la sospecha de falta de imparcialidad de las instituciones del Estado relacionadas con la Justicia y la defensa de la constitucionalidad de las leyes.
Lo deseable sería que los nuevos y veteranos miembros del TC pongan todo su empeño en trabajar de manera que nadie dude de la impecabilidad de su trabajo, y que acepten que deben apartarse del debate y votación de asuntos en los que han tenido papel por sus cargos anteriores. Y esto va por los miembros cercanos al gobierno y al PP.