El Derecho de la competencia constituye uno de los más relevantes pilares del ordenamiento y de las políticas de la Unión Europea que entronca directamente con sus orígenes como Comunidad Económica Europea y en la que resulta un principio esencial el desenvolvimiento del mercado, de ahí que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contenga disposiciones dirigidas a evitar que se falsee o restrinja el libre juego de la competencia dentro del mercado interior. Para ello, se examinan y evalúan las operaciones de las empresas en orden a impedir acuerdos entre ellas, supuestos de abuso de posición dominante o de concentración empresarial que debiliten la competencia.
Pero también se prohíben con carácter general las ayudas de Estado sean subvenciones, préstamos en condiciones ventajosas, exenciones fiscales, etc. en favor de determinados sectores o empresas que distorsionan la competencia afectando al comercio entre Estados integrantes. No obstante, el Tratado permite excepcionar esta prohibición en el caso de ayudas para fomentar la realización de un proyecto relevante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro. En este sentido, se está realizando en los últimos un análisis de la política comunitaria sobre ayudas estatales en determinados ámbitos como la energía, medio ambiente o la aviación.
El contexto geopolítico actual exige de la Unión Europea una reformulación de sus políticas de todo tipo. No es que la guerra de Rusia contra Ucrania, que nos concierne como europeos, ha puesto dramáticamente de manifiesto el peso y mecanismos de actuación de Europa como actor político global; la crisis de los dos últimos años ya nos había situado con toda claridad frente a la vulnerabilidad de las cadenas de valor. En concreto, la Unión padece una grave debilidad estructural por la dependencia de terceros países, de Asia en la fabricación y ensamblaje de chips y de Estados Unidos en cuanto al diseño y que se refleja en la escasez de suministros de semiconductores, que son vitales para la competitividad continental en el escenario necesario de las transiciones digital y verde.
Por ello, las instituciones europeas quieren definir una estrategia integral para el ecosistema de semiconductores, necesarios no solo para la industria, sino que su importancia es crítica para la sociedad en cuanto rigen infraestructuras y aplicaciones esenciales para la salud, las comunicaciones o la energía. En este contexto, la Comisión propuso el pasado 8 de febrero un paquete de medidas para fortalecer el papel europeo en investigación y tecnología, su capacidad en innovar y fabricar chips avanzados, cuadruplicar para 2030 su producción, garantizar la disponibilidad de profesionales altamente cualificados y desarrollar una elevada comprensión de las cadenas de suministros globales de semiconductores anticipándose a las necesidades futuras
Es un ambicioso plan para el que la Unión Europea contempla una inversión pública y privada de 45.000 millones hasta 2030. Esto significa un esfuerzo presupuestario público considerable, que se complicará por los efectos de la guerra en Ucrania, y que desde el punto de vista del Ordenamiento europeo habrá de formularse con precisión porque requerirá una flexibilización de las reglas europeas sobre ayudas de Estado, acudiendo a las excepciones que permite el Tratado respecto de los proyectos importantes de interés europeo en cuanto que se prevén cifras muy elevadas de ayudas estatales para instalaciones primeras en su tipo que beneficien a Europa. Y que también requerirá de una gestión delicada ad intra de la Unión porque podrá generar discrepancias entre los Estados miembros. En todo caso, Europa debe actuar para afrontar su posición desventajosa en este campo.