«La Iglesia no se ha apropiado de ningún inmueble, ni el Arzobispado de Toledo ha realizado expediente alguno aplicando la 'ley hipotecaria de Aznar' en bienes que tuviéramos documentados como nuestros». Estas son las palabras de Anastasio Gómez, ecónomo de la Diócesis de Toledo, sobre el listado de bienes a nombre de la Iglesia que ésta facilitó al Gobierno de España. Desde el Arzobispado aseguran que todos sus propiedades están «legalmente documentadas con escrituras públicas» y que el listado simplemente informa de los inscritos por el organismo eclesiástico entre los años 1998 y 2015, período en el que estuvo operativa la conocida como 'ley Aznar'. Esta ley es una reforma que el ex presidente del Gobierno aprobó sobre la Ley Hipotecaria del momento con la que suprimía la prohibición de inscribir en el registro templos o terrenos de culto católico.

Ahora bien, el ecónomo de la Diócesis toledana recalca que el Arzobispado sabe «lo que ha hecho en todo momento con una ley o con otra», calificando este asunto como un «argumento político». De esta manera, de los 15 inmuebles toledanos que aparecen en el listado de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española y de los que se hizo eco este periódico, Anastasio Gómez aclara que 14 de ellos aparecen en el documento porque fueron inscritos entre los años en los que estuvo vigente esta ley, es decir, desde 1998 hasta 2015. Añade, incluso, que pueden ser vinculados a herencias o donaciones y que algunos de ellos ya fueron vendidos. Sobre el único inmueble que resta de estos, el referente a la huerta San Juan de Dios de Talavera de la Reina, el ecónomo argumenta que el registro lo atribuye a nombre de la Iglesia, pero que ésta ha comunicado que no consta en su inventario. De hecho, en el propio listado de inmuebles éste se incluye en la categoría 'Faltan datos para identificar'. El solar en cuestión está a nombre de la parroquia de San Ildefonso, sin embargo, en el inventario de la misma no consta como tal. De ahí que la Iglesia se lo traslade al Estado. 

Este mismo inmueble cuenta con un título distinto de la certificación eclesiástica, lo que Anastasio Gómez describe que quiere decir que «no ha sido inmatriculado por el supuesto privilegio de la Iglesia», tal y como se atribuyen con la 'ley Aznar'.

Según el representante de la Diócesis toledana, el siguiente paso en su trabajo es investigar acerca del origen de este inmueble atribuido a la parroquia de San Ildefonso.