El Juzgado de lo Penal número uno de Toledo juzga hoy a la única persona imputada actualmente por el caso de envenenamiento masivo de aves rapaces ocurrido en un coto de caza dedicado al aprovechamiento de liebres con galgo en el término de Gerindote.

Como informa Ecologistas en nota de prensa, los hechos ocurrieron a lo largo de varias semanas en 2011 en la finca 'La casa nueva', donde los agentes medioambientales y los del Seprona localizaron 60 cadáveres de fauna envenenada o tiroteada, entre ellas un águila imperial ibérica y seis milanos reales, especies catalogadas en peligro de extinción, y otras protegidas como 23 milanos negros, 5 aguiluchos laguneros, varios córvidos, así como un zorro y varios perros.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular en este procedimiento, cuya vista se celebra «11 años después de producirse los hechos». Así, como señalaron a este diario, piden dos años y medio de prisión contra el imputado y la inhabilitación durante cinco años para cazar y para desempeñar cualquier profesión cinegética.

El «envenenamiento más grave» de rapaces en CLM dio lugar a la suspensión cautelar de la actividad cinegética en el coto por parte de la administración de medio ambiente provincial.

No obstante, la suspensión se mantuvo apenas unos días, volviéndose a permitir casi de inmediato la celebración de una competición de caza con galgos, «suponiendo un riesgo para la recuperación de las poblaciones de aves rapaces de la zona».

Después del largo periodo transcurrido desde la comisión de los hechos, dos de los tres imputados inicialmente ya han fallecido. El único encausado al que se podrá juzgar ahora, y que actuaba como guarda del coto, había sido acusado anteriormente por un caso de envenenamiento y caza de rapaces con búho en la misma finca.

La finca, en el momento de los hechos, estaba dedicada a la caza de liebres de aprovechamiento comercial y en la misma se celebraban campeonatos regularmente.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España «han conseguido mantener vivo el procedimiento a lo largo de una década, pese a las dificultades y retrasos que se han producido en su tramitación».

El juzgado, a petición de la acusación de las ONG, decidió imponer una fianza solidaria a los tres acusados de 168.000 euros por la responsabilidad civil por los daños causados a los ejemplares.

Según los datos de WWF y SEO /BirdLife, Toledo es la provincia que encabeza el número de envenenamientos de águila imperial ibérica en la última década y la cuarta en número de envenenamientos en el caso del buitre negro.

Para las ONG, es urgente que la Junta preste una atención mucho mayor a la erradicación del problema y solicitan la aprobación de la revisión del plan regional sobre esta materia, la creación de una patrulla canina para la detección de veneno en la provincia y la consolidación de una Unidad de Investigación de Veneno en toda la región.