La ciudad de Talavera ha acogido hoy la celebración de la jornada 'Hacia un Nuevo Contrato Territorial: Las ciudades intermedias como clave del desarrollo sostenible y la cooperación urbano-rural' que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha celebrado junto al Ayuntamiento y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Aquí, la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez; el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, el secretario general de Reto Demográfico del Ministerio, Paco Boya, junto a la diputada provincial y alcaldesa de Alcaudete de la Jara, Cristina Cebas, expusieron algunos de los problemas a los que se enfrenta el territorio ante la despoblación de una importante parte de España, y la importancia clave de las ciudades medias como capitales comarcales y fuente de servicios. Talavera es una de ellas.

Como cabecera de tres comarcas que reúnen a unos 80 municipios, algunos con especiales problemas de despoblación, y una zona de influencia cercana a los 200.000 habitantes, García Élez defendió el papel y la lucha de Talavera para ofrecer servicios como los sanitarios, comerciales, jurídicos, culturales o de ocio. No obstante, «el hecho de que garanticemos que Talavera crezca y se desarrolle, también hace que a la vez lo haga su comarca».

Paco Boya, representante del Ministerio, indicó que en esta primera etapa luchado contra la despoblación desde la Administración General del Estado, han puesto el foco en los municipios de menos de 5.000 habitantes «porque eran los que realmente se estaban desangrando demográficamente de una manera más evidente», pero no se pueden articular territorios «si no tenemos en cuenta el rol de estas ciudades medias, que tienen la capacidad de prestar servicios pero por otra parte también de impulsar economía y esa economía es vital también para los pueblos cercanos pues es lo que nos interesa potenciar». Así, abogó por una «mirada nueva» a estas ciudades de tamaño medio en corresponsabilidad con su entorno y por construir una estrategia que finalmente los aglutine junto al ámbito rural y las ciudades grandes, de las que también buscan «el compromiso con el territorio».

El secretario general de Reto Demográfico recordó que se han puesto sobre la mesa avances en materia legislativa, donde subrayó el ejemplo de Castilla-La Mancha, con la primera Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación, y también de carácter administrativo, publicadas en el BOE, que permiten a ayuntamientos y diputaciones diseñar sus propios planes estratégicos en materia de cohesión territorial.

Boya destacó la importancia de un mundo rural «vivo y bien gestionado», y su relación con el entorno urbano, compromiso del Gobierno central en las políticas llevadas a cabo desde el MITECO, indicó.

Es aquí donde comienza el trabajo de las ciudades intermedias, como factor de equilibrio entre población y territorio.

La alcaldesa ha defendido este papel en el caso de Talavera y ha recordado que recientemente se han mejorado las comunicaciones con los municipios de Mejorada y Segurilla con el Plan Astra, o se abren empresas punteras en la zona de influencia, lo que supone un «binomio importantísimo», temas esenciales en la despoblación dentro de la hoja de ruta a seguir.

García Élez apostó así por conseguir ese «equilibrio» que evite que las ciudades sigan acogiendo de forma continua a la gente que los pueblos pierden, y esto  pasa «por aplicar políticas en el día a día».

«No se puede gobernar dando la espalda a los territorios más pequeños, sino que tenemos que aplicar políticas desde los gobiernos para conseguir flexibilidad en las ayudas y que éstas puedan adaptarse a las necesidades que realmente presentan», finalizó ya en su intervención en la mesa redonda.

Castilla-La Mancha. Por su parte, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que el Gobierno regional es consciente del problema de despoblación que vive parte de su territorio, por lo que ha sido pionero a la hora de aprobar la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación, primera en incluir una fiscalidad diferenciada para los residentes en zonas despobladas; su principal herramienta de aplicación, la Estrategia Regional contra la Despoblación; así como la incorporación en el Presupuesto autonómico para 2023 de la memoria de impacto demográfico, donde se recogen los más de 1.700 millones que se destinan a políticas referidas a la despoblación y que supone el 3,6 por ciento del PIB regional.

El vicepresidente regional indicó además que el Ejecutivo está desarrollando una iniciativa pionera para rehabilitar viviendas en desuso de titularidad municipal.