Tras la concesión de los indultos a los nueve presos del procés catalán de los delitos por los que fueron condenados en relación a la declaración unilateral de independencia que protagonizaron, han sido muchas las opiniones que se han vertido al respecto sobre la legalidad, la legitimidad y la conveniencia del uso de esta vía en el asunto de marras, así como se ha cuestionado la intervención del Rey en la firma de las disposiciones legales en virtud de las cuales esos indultos se han concedido. Hace tiempo que ya me pronuncié al respecto en este mismo espacio, por lo que reiterarme en ello me resulta absurdo.
Entre el aluvión de opiniones y comentarios al respecto, me ha chocado frontalmente la intervención más que desacertada, tanto en la forma como en el fondo, del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona. Les pongo en antecedentes. El pasado martes, se reunió la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y debatió, entre otras cosas, la implicación del órgano aglutinador de los obispos españoles en los referidos indultos. Según cuentan diversos medios de comunicación e informadores, la Conferencia votó no pronunciarse al respecto después de un encendido debate, en el que las opiniones estuvieron tan claras como divididas. Contra ese criterio asumido colegiadamente —insisto, me baso en los medios de comunicación—, y al día siguiente de la reunión, Monseñor Argüello, secretario de la CEE, dio una rueda de prensa donde afirmó que los indultos son una medida de gracia que ayuda al diálogo y a salir de actitudes inamovibles. Lo más curioso de esto es que, al parecer, el Cardenal Omella ha logrado que se imponga su criterio, que no es otro que el de la llamada Conferencia Episcopal Tarraconense, frente al de una mayoría de obispos españoles cuyo planteamiento es contrario al suyo. Por cierto, que el protagonista cogió un vuelo urgente a Roma terminado el debate. Con relación a la actitud tomada por Omella, me parece interesante señalar dos cuestiones.

La primera de ellas tiene que ver con las posiciones de la Iglesia y el Estado en sus relaciones entre sí. El Estado habla de la Ley humana, y no puede pronunciarse sobre la Ley divina, que ni es de su competencia ni puede actuar conforme a sus postulados. Lo mismo ocurre, pero al contrario, con la Ley divina con respecto a la Ley humana. La Iglesia ni puede ni debe pronunciarse sobre aquellos temas que no toquen directamente alguno de sus fundamentos doctrinales o morales más básicos. Es lícito que se posicione contra el aborto, la eutanasia o temas semejantes, pues afectan directamente a puntos cardinales del pensamiento cristiano. Ahora bien, lo que no resulta lícito es que se pronuncie sobre la decisión de un Tribunal colegiado de condenar a una serie de personas por delitos de corte político y su posterior indulto por un Gobierno nacional. Ello, fundamentalmente porque no está dentro de la moral cristiana el dirimir si una persona se ha encarado contra la Constitución y contra el Gobierno por declarar unilateralmente independiente un determinado territorio, al igual que tampoco es competencia del Estado pronunciarse sobre la doctrina y el magisterio de un Papa, sobre dogmas de Fe o sobre procedimientos jurídicos de corte estrictamente canónico. ‘Al César lo que es del César; a Dios lo que es de Dios’ (Mateo 22, 21).
La segunda está relacionada con la respuesta de la Conferencia Episcopal —o la de Omella, no se sabe muy bien— ante los indultos. La actitud aplicada y mostrada por Monseñor Argüello está plagada del más rancio de los buenismos. Resulta especialmente chocante que, frente a unos indultos donde no solo no hay arrepentimiento sino que hay una clara intención de repetir la jugada, la respuesta se fundamente en términos de misericordia. El razonamiento para que me choque es bastante sencillo: ¿Existe en la vida cristiana un perdón sin arrepentimiento? ¿Dónde está el propósito de enmienda? ¿Y el dolor de los pecados? ¿Acaso el manifiesto incumplimiento de una Ley humana que es justa y cuyo cumplimiento es manifiestamente beneficioso para todo el pueblo al que rige no es también un pecado? Por lo tanto, ¿por qué esa actitud de borrar la realidad del pecado para llegar directamente al asombro de la gracia? ¿Con qué cara le dirán a partir de ahora los sacerdotes a sus fieles que es un deber cristiano mantener el orden social? Afortunadamente, algunos ejemplos positivos como el de nuestro Arzobispo, Monseñor Cerro, quien ha vuelto a acertar una vez más cuando claramente ha apelado al arrepentimiento como primera premisa.
La actitud de Omella ha sido radicamente desacertada y desnortada, poniéndose a la altura de figuras eclesiales afortunadamente en proceso de olvido como Monseñor Setién. Este último, por cierto, autor de una controvertida y famosa frase: «¿dónde está escrito que hay que querer a todos los hijos por igual?». Lejos de cumplir con el mandato evangélico de apaciguar a la grey a su cargo, ha enfangado y comprometido su ministerio episcopal pasándose por el forro de la sotana la opinión de una gran mayoría de obispos españoles y priorizando el criterio político de un grupo minoritario que, por cierto, defiende a personas condenadas por delitos incontestables y con clara intención de reincidencia. Todo esto, para mantenerse en una posición más cercana a la política que al Evangelio. No tiene nombre que el presidente de una Conferencia Episcopal utilice los medios que le son dados por su condición para hacer apología política y querer venderla a los fieles como un supremo ejercicio de caridad solo a la altura de los que, según ese grupúsculo, son auténticos cristianos. Alfonso Ussía ha dado en el clavo cuando ha escrito que «cuando los pastores se alían con los lobos, las ovejas son masacradas». Gracias a Dios, y a la lógica, una postura tan demencial como la de Omella tiene una consecuencia positiva, y es que ayuda a distinguir la cizaña del trigo. Y yo a Omella, apóstol de la rebelión catalana, no le veo precisamente espigado…