No son solo las okupaciones, y las consiguientes venta de droga y dificultad para la convivencia. En las 148 Viviendas Sociales de Río Yedra se están dando otros muchos problemas, ocultos tras los okupas, pero muy importantes para las familias que los sufren, como la situación del edificio, las dificultades para pagar de las personas con contrato y los consiguientes impagos, justificados muchas veces, quizás no tanto en otras. Para acabar con ellos, la Junta ha abierto un proceso de diálogo y está dispuesta a bajar los alquileres, a cambio de la reducción de las deuda.

Más allá de la vía judicial contra las okupaciones ilegales, la Junta de Comunidades ha abierto un proceso de diálogo con los inquilinos legales para tratar de dar soluciones a sus cuitas. A falta de una organización de los vecinos, la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, se está reuniendo de forma periódica con la representación de parte de ellos, pero también está escuchando a otros de manera directa o recibiendo sus propuestas por vía digital o llamadas telefónicas. Es así dado que no se ha constituido una comunidad de vecinos como tal en la promoción. Al parecer, la llegada de okupas ha dificultado los resultados en intervención comunitaria y la convivencia vecinal de los programas de Bienestar Social. Pero a pesar de ello, la idea de Sandoval está siendo conocer sus demandas y propuestas, para estudiarlas y ver su viabilidad y canalizar las soluciones a través de Gicamán, instituto público propietario de las viviendas.

Alquileres y mejoras. Son propuestas, apunta Sandoval, para mejorar su día a día dentro de la promoción. Una de ellas es la reducción en los alquileres por las viviendas. La directora general adelanta que Vivienda está trabajando con los inquilinos de cara a hacerlo, «pero siempre condicionado a una deducción de la deuda a través de un compromiso de pago de los recibos atrasados». La reducción de la deuda, eso sí, «en todo caso iría condicionada a las condiciones socioeconómicas de las familias». Son acuerdos, además, voluntarios. No se va a obligar a ningún vecino a acogerse a este acuerdo. Solo lo harán los que estén interesados, «aunque creemos que es una oferta muy interesante para regularizar la situación de muchas familias adjudicatarias, que hoy por hoy tienen una deuda con Gicamán por el impago de la reta».

La directora general recuerda que esta promoción no se construyó como viviendas de promoción pública, sino de protección oficial. Entraron, por lo tanto, personas con más renta que las que están de alquiler en viviendas sociales. Pero «conscientes de que hoy por hoy las familias adjudicatarias legales que tenemos viviendo en esta promoción tienen ingresos con los que no pueden asumir estos costes», la Junta va a tratar de alcanzar ese acuerdo para rebajarles las rentas «pero siempre condicionado a que firmen un compromiso de pago de los recibos atrasados que tienen». Tendrán que pagar toda la deuda, aunque, aclara Sandoval, «siempre ajustado a las condiciones socioeconómicas de las familias, porque somos conscientes que hay familias que no lo van a poder pagar en varios plazos, tendremos que analizar sus circunstancias y ajustar el compromiso de pago a su realidad en estos momentos».

Por otro lado, Sandoval recuerda que, a petición de los vecinos, la consejería de Fomento ha desarrollado diferentes actuaciones de mejora en toda la promoción. Se han desarrollado trabajos de limpieza, desinfección, diferentes reparaciones o reformas de alumbrado. En apenas dos años, resume, se han invertido 330.000 euros en toda la promoción. Además, ya se ha anunciado a los vecinos por carta que próximamente se van a desarrollar actuaciones de mejora en los trasteros y en los garajes. Se trata de mejoras físicas y también en la seguridad del edificio, «que para nosotros es muy importante».