Situaciones de asedio, persecución, represalias, hostigamiento y secuestro ponen en evidencia la violación sistemática que está llevando a cabo el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, sobre el derecho fundamental de la libertad religiosa y contra la Iglesia Católica. 

Nunca ha reinado la armonía ni la sintonía entre los representantes del clero y el régimen de Ortega y Rosario Murillo (vicepresidenta y esposa del mandatario), aunque fue en 2018 cuando las relaciones se rompieron definitivamente, puesto que la Iglesia intentó mediar en la crisis social y política y resguardó a manifestantes heridos.

La guerra que el Ejecutivo mantiene con el clero se ha intensificado desde que a principios de este mes Ortega no autorizó una procesión con la imagen portuguesa de la Virgen de Fátima, que concluía en Managua tras 18 meses para conmemorar el Año Jubilar Mariano. Pero, sobre todo, desde el pasado 4 de agosto, cuando el obispo Rolando Álvarez, de 55 años, fue retenido junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos, en el Palacio Episcopal provincial sitiado por las fuerzas especiales de Policía. La situación se agravó aún más el pasado viernes con el arresto del prelado tras el asalto de la Policía a la sede.  

Las autoridades acusan a Monseñor Álvarez de desestabilizar al Estado y de organizar grupos violentos. Mientras que las asociaciones de defensa de derechos humanos han enviado cartas al Vaticano para que intervenga en lo que denuncian ser un atentado a las libertades religiosas.
Silencio, cárcel o destierro es lo que ofrece el Gobierno de Ortega a los sacerdotes con los que está enfrentado. De esta forma, la confrontación está llegando a su punto más álgido y los quiere forzar a tomar uno de los tres caminos.

El germen de la confrontación comenzó meses atrás, concretamente el marzo pasado, con la expulsión del representante de El Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag. A partir de ahí, se incrementaron los ataques contra la religión mayoritaria en el país, con la detención de Rolando Álvarez como el culmen.

Además de la expulsión del nuncio apostólico, un grupo de sacerdotes, entre ellos el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el reconocido párroco Edwin Román fueron obligados a salir del país en 2019 y 2021, respectivamente, al igual que las Misioneras de la Caridad de la orden Madre Teresa de Calcuta. 

En lo que va de año, las autoridades han detenido a tres sacerdotes, uno de ellos, Manuel García, enjuiciado y condenado por violencia doméstica contra una mujer que pasó de víctima a acusada por no inculpar al religioso. Los otros presbíteros arrestados son Leonardo Urbina, de Boaco, enjuiciado por el supuesto delito de abuso sexual a una menor, y Óscar Benavidez, de la Diócesis de Siuna, quien de momento no tiene cargos.

Además, también se han producido acosos, detenciones y la prohibición de varias misas. Así, tras estar recluidos 15 días, la Policía asaltó la sede episcopal y detuvo a monseñor Álvarez, uno de los obispos más queridos de Nicaragua y que tiene a su cargo las dos diócesis más importantes al norte del país y ha tenido una posición siempre crítica respecto al Gobierno, el Ejecutivo pretende forzar a Álvarez a salir del país, pero el obispo no ha aceptado.

Esta escalada de confrontación de los Ortega-Murillo en contra de la Iglesia en realidad se corresponde con su estrategia de institucionalizar el Estado policial con la única intención de silenciar todas las voces críticas.