Los últimos acontecimientos ocurridos en Vega Baja y su entorno están radicalizando la percepción de que la gestión realizada en la zona carece de argumentos sólidos y, sobre todo, de una planificación que atienda «la especial condición de Vega Baja» como espacio contendor de «un paisaje que alberga uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa», en «una de las áreas de expansión preferente de la ciudad».
Esta máxima es una de las muchas recogidas en el informe elaborado por Icomos -Cuerpo Asesor de la Unesco- ante «la evidencia de las carencias en materia de planeamiento de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad». Por ello, el Comité Español (CNE) de Icomos -presidido por Alicia Castillo Mena- ha redactado un documento sobre el estado de conservación y mantenimiento del sitio tras la ejecución de alguno de los proyectos urbanísticos que se encuentran en curso. Entre ellos, la denominada ampliación del barrio de Santa Teresa II (UA34), el aparcamiento disuasorio (UA7), la senda ecológica, el futuro cuartel de la Guardia Civil, o la intervención en espacios sensibles como el Circo Romano.
Informe que advierte de la «errática gestión urbanística aplicada en este singular entorno» y del «incumplimento» por parte de las administraciones del requisito de previa información y consulta a esta organización internacional y, en consecuencia, a sus cuerpos asesores, a la hora de actuar sobre el bien Patrimonio Mundial y su zona de amortiguamiento. Por tanto, «las soluciones adoptadas, especialmente las urbanísticas, deben ser revisadas por las partes implicadas», para lo cual Icomos «dará parte al Centro de Patrimonio Mundial de los problemas que adolece actualmente este sitio, y de la necesidad de tomar medidas urgentes en base a estas recomendaciones».
De hecho, y puesto que tanto la administración como las distintas entidades, asociaciones y agentes implicados en esta cuestión ya cuentan con este documento, el órgano asesor de la Unesco establece de aquí a fin de año «una estrategia de citas y reuniones con los agentes implicados para impulsarlo».
Recomendaciones. Por ello, Icomos plantea una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en Vega Baja proponiendo «una mediación entre las partes interesadas en la zona» tendente a «revisar los mecanismos de gestión del patrimonio cultural en Vega Baja, especialmente las relativas al planeamiento, por localizarse en una de las zonas de amortiguamiento fijadas en la declaración de Toledo Ciudad Patrimonio de la Humanidad». Además se «recomienda solucionar, en la medida de lo posible, los problemas de interpretación generados por la existencia de multiplicidad y solapamiento de normativas y directrices sobre el sitio afectado», para lo que se «hace necesario generar un marco de protección conjunta para la totalidad de Vega Baja».
No en vano, cualquier gestión en Vega Baja pasa por resolver su complejidad administrativa, «desde las diferentes declaraciones patrimoniales al hecho de que buena parte de los terrenos pertenecen tanto a la Junta de Comunidades, particulares y Ministerio de Defensa», lo que alude a que «su división en sectores con diferente nivel de protección y tratamiento legal ha impedido desarrollar un proyecto de intervención conjunto».
Recuperación del Circo Romano.
El informe redactado por Icomos destaca la necesidad de «diseñar un plan de gestión para su recuperación integral», lo que pasa por «realizar una modificación del viario del Circo impidiendo la circulación de coches por su interior (actual Avenida de Carlos III)». Ello requiere una reorganización interna de Vega Baja y la modificación del diseño de jardín «que contemple la liberación de árboles de su interior, que dañan gravemente los restos construidos» para «generar un espacio libre similar al que luce el Circo de Mérida».
De ahí que se «desaconseja realizar cualquier excavación arqueológica hasta que no se regularice esta situación urbanística» evitando «actuaciones en el entorno como la llevada a cabo en 2009 por el Ayuntamiento que no ha hecho más que agravar el problema».
No olvida, el análisis, sugerir «una revisión de la política de licencias municipales en los inmuebles localizados en su interior» planificando, a medio y largo plazo, «la desocupación de los mismos para liberar al Circo». Entre estos edificios el más emblemático «es el restaurante Venta de Aires, cuya obra -de 1890- fue denunciada por la Comisión de Monumentos en 1915». Medidas a las que debe sumarse «la definición del límite meridional del Circo donde las fuentes históricas sitúan el convento de San Bartolomé» y la «revisión del estado de los BIC».
Recomendación que implica la redacción» de mapas de riesgo específico para cada uno de ellos» porque «tanto la superficie excavada en la Vega como la del Circo Romano se encuentran en constante proceso de degradación».
Valoraciones especíificas.
-Aparcamiento disuasorio. Ocupa parte de la actual UA7 y se encuentra parcialmente ejecutado. El proyecto no ha tenido en cuenta el impacto visual sobre el entorno. El lugar elegido, además, ocupa una amplia superficie endorreica que en temporada de lluvia suele inundarse lo que altera gravemente la configuración natural de este espacio. Un futuro planeamiento deberá reconsiderar su diseño y ubicación, aunque su gran envergadura y la amplia superficie afectada, con pavimento elevado para evitar los restos arqueológicos, supone un impedimento.
-Senda ecológica. Esta senda recorre de Este a Oeste Vega Baja, y los trabajos se encuentran en proceso de ejecución. A diferencia del caso anterior, su diseño sí ha tenido en cuenta el entorno histórico y humano en el que se encuentra, aún así, su planteamiento se suma a la indefinición en materia cultural que impera en Vega Baja al ser una actuación innecesaria. El que la senda programada pueda ir acompañada de arbolado, que ha generado debate por su posible afección a los restos arqueológicos, es asumible siempre y cuando se seleccione la especie adecuada, de escasa penetración en subsuelo. Por tanto, no existe impedimento para que se continúe con su ejecución aunque sería conveniente que los tramos aún pendientes de construcción se integren en el proyecto común de planeamiento del espacio.
-Ampliación de Santa Teresa. Pese a ser una actuación conforme a derecho, como ocurre con el aparcamiento disuasorio, tampoco cumple con los requerimientos mínimos para el desarrollo sostenible. A diferencia de las dos actuaciones anteriores, esta última es difícilmente reversible, tanto por su estado de ejecución como por la contundencia de la misma, al estar ejecutados dos de los cuatro bloques programados, cuya altura incide directamente en la contemplación del contorno de la ciudad histórica. Se solicita que se paralicen cautelarmente el resto de construcciones previstas hasta que se apruebe el nuevo Plan de Ordenación Municipal.
Esta actuación es ejemplo de lo que no debe hacerse en este espacio, sin que exista previamente un consenso entre partes, en donde cualquier diseño arquitectónico que se programe no sólo debe atender a los condicionantes arqueológicos del subsuelo, sino a su posible impacto visual en el conjunto de la vega. La altura de los bloques incide directamente en la contemplación del contorno de la ciudad histórica.
-El futuro cuartel de la Guardia Civil. El edificio que debe contener el futuro cuartel de la Guardia Civil se pretende ubicar, según lo recogido en la prensa, en una de las parcelas dotacionales previstas en la Modificación 28 del PGOU (UA37). El problema viene dado por su localización en pleno yacimiento arqueológico de Vega Baja, aunque no incluido en su momento en los diferentes ámbitos de protección del mismo. Además, su especial localización en el extremo norte de la vega incide en el paisaje. La futura intervención debe cumplir tanto lo establecido en la Declaración de Toledo Patrimonio de la Humanidad, como con la gestión ordenada de los posibles restos arqueológicos contenidos en el subsuelo y la afección al paisaje.
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