Los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la causa conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE), entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conocerán hoy  si la Audiencia de Sevilla los condena o absuelve de los delitos que les atribuye Anticorrupción. La Fiscalía pide en algunos casos hasta ocho años de cárcel, en tanto que para el expresidente Manuel Chaves pide 10 años de inhabilitación y para su sucesor, Juan Antonio Griñán, seis de años de prisión.

En concreto a estos exaltos cargos el Ministerio público les acusa de defraudar 855 millones tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas «totalmente opaco» al margen «de los ciudadanos» y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y para ayudar a los trabajadores.

Los 21 exaltos cargos están acusados por delitos continuados de prevaricación y malversación. Si bien, algunos de ellos solo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a 10 años de inhabilitación.

Penas 

Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados. En este grupo, se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor general Manuel Gómez, el exdirector del Instituto de Fomento, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Jacinto Cañete, y la exsecretaria de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.

Todo comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, empezó a investigar este caso que, casi con total seguridad, acabará recurrido en el Tribunal Supremo.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se mostró ayer convencido de que dicha sentencia supondrá «el cierre de una etapa negra» de Andalucía, por lo que ahora toca «mirar al futuro».