El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de la Infancia de Castilla-La Mancha, que ahora tendrá que ser aprobado en las Cortes regionales para proteger los derechos de la infancia y las familias, como destacaba la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien comparecía este martes en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. 

Se trata de una ley "que se adapta a una nueva realidad social" a través de cuatro líneas de actuación básicas: prevenir, proteger, acompañar e intervenir en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Entre las principales novedades que incluye es que reconoce la condición de víctimas de violencia de género a los niños y adolescentes que viven estas situaciones en su entorno familiar. Además se priorizará el modelo de las familias de acogida por encima de los centros residenciales e incorporará la figura de la adopción abierta entre otras cosas, se incorporan "derechos y deberes a las familias acogedoras", explicaba García Torijano. Aunque también se potencia el trabajo con las familias de origen para que el menor pueda retornar con sus padres biológicos, siempre primando el interés del niño o niña. Siendo además una ley que exige a las Administraciones el desarrollo de medidas para garantizar las atenciones básicas de los menores y las familias. La norma pretende garantizar la preparación para la vida independiente de los menores tutelados cuando cumplan los 18 años, buscando también que tengan los recursos y coberturas garantizadas para poder desarrollar su infancia. Además en todas estas acciones se trabaja aplicando una perspectiva de género, para eliminar situaciones de violencia generadas por este motivo y fomentando el respeto y el trato no discriminatorio. 

Entre los objetivos que se marca está el de garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia para que puedan desarrollarse plenamente en todas las etapas de la vida. Se busca que todas las personas menores y los jóvenes dispongan de los apoyos y recursos disponibles y siempre adecuados a las circunstancias específicas de cada caso, buscando siempre un desarrollo hacia la vida adulta a través del acompañamiento para construir un proyecto de vida. 

Ha destacado García Torijano que durante el año 2022 se atendieron a 69.688 menores y adolescentes y a a30.318 familias, a través de 22 programas que se han desarrollado con el apoyo de 19 entidades. En este sentido, la consejera ha puesto en valor el trabajo de las entidades del Tercer Sector en una ley que "apuesta por la infancia", promoviendo "la igualdad de oportunidades desde una edad muy temprana". 

Se muestra "satisfecha" con una norma que ahora camina hacia las Cortes, donde "esperamos el mismo consenso" social y político que ha tenido hasta el momento. Pone el énfasis en que "la infancia de hoy sirve para mejorar la sociedad de mañana", de ahí la necesidad de abrir el camino a los menores en situación de vulnerabilidad. En 2022 un total de 391 familias acogieron a 517 menores.