No es la primera vez que ocurre, pero volvemos a estar sumidos en una crisis económica.  ¿Cómo está afectando a los abogados?

Casualmente, cuando ha habido época de crisis hay muchas empresas que entran en concurso de acreedores e insolvencias, hay muchos despidos de trabajadores y mucho impago, con lo que suele haber más trabajo. No nos vemos muy afectados con la crisis, tampoco es que estemos para tirar cohetes, pero no la sentimos igual de cruda que la ciudadanía. 

A primeros de año se materializó la separación de jurisdicciones después de muchos años de peticiones y ya comentó en febrero que eran necesarios más juzgados en Toledo capital. Han pasado algunos meses... ¿Lo sigue pensando?

Sí, me sigo reafirmando. La planta judicial de Toledo ahora mismo se queda corta con cinco juzgados de Primera Instancia (asuntos civiles) y tres de Instrucción (penales). 

Es de agradecer que vino ese noveno juzgado y el Social número 4 y llegó la separación de jurisdicciones que ayuda a especializar un poco más los juzgados, pero aún así hay mucha carga porque hay que añadir toda la herencia que tenían, ya que la instrucción que tenían no se ha volatilizado. Aunque se limpiara mañana el volumen de entrada de asuntos, la actividad deja claro que se necesitarían dos juzgados más, al menos, uno de Instrucción y otro de Primera Instancia. 

El juzgado de lo Mercantil sigue siendo uno de los más saturados aunque lleve esta materia en exclusiva y ya no cargue con los asuntos de un juzgado mixto. La última estadística del Consejo General del Poder Judicial apuntaba que este órgano necesitaría nueve años para dar salida a todos los asuntos sin que entrase uno nuevo. ¿Es tan grave la situación?

Tiene mucha materia, una buena pelota, aunque no me atrevería a decir yo que para nueve años. Además, acaba de terminar una moratoria concursal que se puso en marcha en la pandemia, con lo que hasta ahora no había obligación legal de presentar concurso por parte de aquellas empresas que estaban en insolvencia actual o inminente. Se aprobaron una serie de decretos para que no hubiera una sangría y se han ido prorrogando, con lo que una empresa medio muerta no tenía obligación de presentar concurso. 

Tampoco se podían presentar los concursos necesarios, es decir, el que presenta un acreedor contra el deudor, todo esto estaba suspendido y los concursos que se presentaban no se tramitaban. Una vez que no hay moratoria concursal, preveo que va a producirse una buena sangría porque hemos estado manteniendo empresas zombies, muchas sin pagar la Seguridad Social, pagando un mes si y otro no a los trabajadores y demás, y al levantar la veda terminarán en concurso. 

¿Ni siquiera otra prórroga del plan de refuerzo que se acaba de aprobar durante seis meses más ayuda a agilizar la sobrecarga?

Si es que tiene mucho. Lo de la estadística que dice que hay una pendencia de nueve años lo veo exagerado y me llama la atención. Aún así, en los últimos años entró mucho. 

El Congreso ha mejorado la reforma concursal. ¿Cómo se traslada ahora?

Estamos pendientes de que se publique. Del texto inicial al definitivo esperamos que haya cambios. Se va a aprobar ahora en el Senado en doble vuelta. Lo penúltimo que había hacía flaco favor a la abogacía porque la ley concursal que está vigente exige preceptivamente la asistencia de letrado para presentar un concurso, y el nombramiento de administradores concursales, que pueden ser abogados, economistas o auditores, con lo que teníamos presencia, pero el anteproyecto quita la preceptividad del letrado, con lo que una persona física tampoco tiene la posibilidad de abogado de oficio ni nadie que le defienda. 

Además, había un concurso simplificado para las pymes, que en este país suponen el 95% de las empresas, y si no va haber administrador concursal no sé quién va a hacer las funciones de intermediación entre el juez y la empresa y quién va a llevar a efectos del control, con lo que se deja todo en manos del deudor, es decir, la zorra va a ser la que guarde las gallinas. 

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía hizo unas alegaciones duras en defensa de la profesión y parece ser que el último proyecto ha acogido parte de las mismas, pero no lo sabremos con seguridad hasta que no lo veamos escrito en el boletín porque yo de fe voy mal... Parece que la asistencia del letrado volverá a ser preceptiva y también la de los administradores concursales. Si se vuelve al status quo inicial no nos afectaría y saldríamos como estamos. 

Esta semana pasada hubo una concentración de abogados en protesta por los impagos en el turno de oficio. ¿Hay respuesta?

Hemos tratado este tema el viernes en el pleno del Consejo General de la Abogacía porque hay problemas. También tuve ocasión de decírselo recientemente a la ministra de Justicia, Pilar Llop, cuando vino a Toledo. Le comenté que íbamos a tener un verano caliente porque ya había concentraciones previstas. Al final, toda España nos hemos echado a la calle. La movilización es más marcada en las comunidades autónomas del territorio ministerio, pero en el resto de regiones se han solidarizado muchos colegios con nosotros. 

Es una cuestión de dignidad y no les entra en la cabeza. No quiero pensar que se tenga mala fe, pero con el tema de las retribuciones siempre se dan pasos atrás. 

La reciente visita de la ministra a Toledo trajo varios anuncios, como el de la creación de un juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer que agrupe varios partidos judiciales. Una gran noticia, ¿no?

Llevamos muchos años pidiendo este juzgado exclusivo y mi opinión personal es que este nuevo juzgado no es tan inminente. No me creo lo que no esté publicado en el boletín y no venga acompañado de presupuesto. Puedes crear un órgano, pero si al final no lo dotas de presupuesto no arranca. 

También estamos hablando siempre de la proximidad de la Justicia y de acercar la Justicia al justiciable, pero no tengo claro dónde estaría la sede de este nuevo juzgado. Si se pone en Toledo capital, una víctima del partido judicial de Orgaz o de Illescas sería atendida con mayor inmediatez, pero la población más alejada de la capital sufriría grandes desplazamientos, con lo que no sé si estamos acercando la Justicia o la estamos alejando. Tengo serias dudas.

Llevamos muchos años peleando por un juzgado especializado, pero si el Ministerio termina haciendo un parche a medias, no resultará fácil.

Dice el Consejo General de la Abogacía que la asistencia letrada previa a la denuncia de una víctima de violencia de género aumenta bastante las posibilidades de que más tarde no se echen para atrás en el procedimiento judicial. Imagino que hay margen de mejora, ¿no? 

Siempre hemos dicho que desde el minuto uno la víctima tiene que tener asistencia letrada con carácter previo a la denuncia, tanto si va a un cuartel como al Centro de la Mujer o donde vaya a manifestar que ha habido una situación. Si tuvieran asesoramiento desde el principio irían mejor, aunque tengo que decir que las fuerzas de seguridad están muy bien preparadas. Aun así, no nos llaman y no tengo claro por qué no lo hacen porque iría mejor. 

Siempre hablamos de violencia de género los profesionales de distintos ámbitos plantean la necesidad de que se visibilice más la violencia sexual, que suele estar más escondida y no tiene a su favor tanta lucha. 

Se está tramitando la Ley Orgánica de Libertad Sexual, que está bastante avanzada, y va a recoger de una manera integral todo lo que sería violencia sexual. Ahora mismo la única ley orgánica que tenemos es la de Violencia de Género, pero hay más violencia y no toda la violencia sexual se circunscribe a la violencia de género en un domicilio o entre una pareja o expareja. 

Era una necesidad imperiosa tener un texto unívoco con carácter de ley orgánica que recoja todo tipo de ataque a la libertad sexual y tenga carácter universal en la justicia gratuita. Por ejemplo, en la violencia de género la víctima, con independencia de sus recursos económicos, tiene acceso a la justicia gratuita desde el minuto uno y es algo que mucha gente no conoce todavía. Ahora estamos en otra pelea para que se amplíe y modifique la Ley de Asistencia de Justicia Gratuita y que todo tipo de violencia sexual también la tenga. 

Además, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia ya dispone que los menores víctimas también la tengan desde el principio, pero es algo contemplado en la ley que todavía no está en el sistema de justicia gratuita. El problema es que todo esto hay que pagarlo y si el Ministerio no paga las retribuciones por las asistencias que hacemos, ¿va a pagar si las amplía? Si no hay dotación económica, no hay nada. 

La Ley del Menor dice que se creará obligatoriamente un turno específico, pero si hay un abogado que se dedique a ello, ¿cómo le pago? El papel lo aguanta todo, pero sin soporte económico no se hace nada. 

La Junta se comprometió hace unos meses a estudiar la petición que lanzó el Colegio de Abogados para volver a pactar un convenio o alguna fórmula para reforzar la formación y el turno de oficio dedicado a la violencia de género. ¿Hay avances?

Vino la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, a hacerse la foto con nosotros en las jornadas Viogén y no hemos hablado más... No hay borradores ni nada. 

¿Pero el Colegio de Abogados lo va a seguir intentando?

Sí, lo vamos a intentar. 

Se dijo que no hacía falta la firma de un convenio para reforzar la formación y la consejera aludió al fracaso del convenio que se suscribió con el Colegio de Abogados porque únicamente se ejecutó al 15%. 

Cuando llamemos, lo mismo nos dicen que este año no está comprometido en el presupuesto y hay que esperar al año que viene para meterlo en una partida. Todo esto se está tratando desde el Consejo autonómico de la Abogacía, es decir, la suma de los seis colegios de abogados de la región, que fue el que firmó los dos únicos convenios que hubo en materia de violencia que no tuvieron tirón y no funcionaron porque los Centros de la Mujer no derivaban a nadie. Si la Consejería que tiene esta red no instruye a su gente, termina afectando.

Hay que tener claro que una víctima acude antes a un Centro de la Mujer que a la Policía en muchas de las ocasiones y está estadísticamente visto. No sé si tienen instrucciones claras o no, pero no llaman a un letrado cuando la atención sería inmediata dentro del turno especializado de violencia de género. No derivan a nadie e incluso había una mala práctica y directamente lo canalizaban a través de Themis, la Asociación de Mujeres Juristas, en la que trabajan abogadas que les van a cobrar. Es absurdo no acudir a un turno de oficio tan especializado y preparado, es el cuerpo vip de letrados del Colegio de Abogados de Toledo. 

Además, ese turno específico de violencia de género está bastante experimentado porque suele realizar más de 600 asistencias al año.

Se realizan muchísimas a nivel provincial y damos un servicio rápido. La provincia la tenemos dividida en cuatro para atenderla mejor. Hay abogado en Illescas, Torrijos y Toledo. Y en los partidos judiciales con menos violencia, como Orgaz, Quintanar y Ocaña, se desplaza otro abogado y funcionan como un único partido. Hay que apuntar que también hay una asistencia telefónica que computa. La asistencia es presencial, pero muchas veces para una consulta no hace falta un desplazamiento y también se atiende.

La ministra de Justicia comentó que está previsto crear dos equipos psicosociales para cubrir las necesidades en la provincia desde hace años.

También me lo dijo ella, pero se queda corto. Estamos hablando de una provincia, no únicamente de la ciudad de Toledo. La gente se divorcia en todos sitios y el equipo psicosocial tiene que atender a los siete partidos judiciales, a cada una de las demandas contenciosas, y lleva su tiempo por el tema de los hijos y la necesidad de que realicen un informe antes de que decida el juez. Este tipo de demandas están tardando dos años y hasta que los demandantes obtienen la sentencia pasan en total tres años, demasiado tiempo. Para Toledo se necesitarían cuatro o cinco equipos psicosociales.

Cuando se habla de ampliar juzgados en Toledo capital nos olvidamos que tenemos un Palacio de Justicia que no tiene espacio para más.

El edificio está agotado cien por cien y la única solución que hay, que yo también lo he hablado con el juez decano de Toledo, es modificar el PERI de Covachuelas. El edificio tiene dos plantas y una bajocubierta y en esta última, que es diáfana, a nivel urbanístico sólo puede haber uso para infraestructuras, mantenimiento o almacenes, pero no puede acoger oficinas. Habría espacio para acoger dos o tres juzgados más, siempre que se modifique puntualmente el PERI de Covachuelas. 

Además, hay una máxima no escrita en el Ministerio de Justicia y no se aprueba un juzgado en el Decreto de Nueva Planta si no hay sitio físico, otra cosa distinta es que se apruebe sin dotación económica y esto sí se ha hecho en ocasiones, por eso no ha entrado en marcha un juzgado hasta dos años más tarde, hasta que dispone de asignación presupuestaria. En Toledo tenemos un problema porque no tenemos sitio y los dos últimos órganos creados, el juzgado 9 y el Social 4, ya han entrado con calzador, haciendo recortes y cambios.

El Instituto de Medicina Legal ya está en marcha y camino de hacerse realidad después de años de carencias. ¿Este proyecto sí se lo cree? 

Lo sabía ya hace tiempo. Cuando vino hace un par de años la exministra de Justicia, Dolores Delgado, nos comentó en el Colegio de Abogados, que era una realidad. Esta buena noticia sí me la creo, pero la del juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer tengo muchas dudas por la dotación presupuestaria y el espacio físico.