El nuevo paquete de medidas aprobado en el último Consejo de Ministros ha sido muy bien recibido por los dos sindicatos mayoritarios porque están llamadas a proteger a las personas más vulnerables. Por ello, y puesto que son propuestas que facilitan el pago del alquiler, que establecen una prestación para las empleadas de hogar, y que atiende a las mujeres que sufren violencia de género, son valoradas «muy positivamente» tanto por la secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO como por la vicesecretaria general de UGT.
Ambas representantes sindicales señalaron, sin embargo, que hay que seguir avanzando en la puesta en marcha de medidas «desde el marco del diálogo social y la premisa de no dejar a nadie atrás» tras el paso de esta crisis. En este sentido, CCOO y UGT valoran la ayuda extraordinaria «a las empleadas de hogar que no han podido prestar sus servicios o que han perdido trabajos desde el estado de alarma» y consideran relevante el establecimiento de una prestación extraordinaria del 80% del IPREM a las personas desempleadas que, con un contrato temporal de al menos dos meses finalizado, no contaban con cotizaciones suficientes para acceder a otro tipo de prestación.
Desde CCOO, M.ª Ángeles Castellanos apreció, en el ámbito de la atención a la vivienda, que están a «la espera de conocer con exactitud» las medidas dirigidas a evitar los desahucios -que se suspenden durante seis meses si no hay alterativa habitacional- y a garantizar el derecho al alquiler de las personas más vulnerables , pero entiende que «son medidas ponderadas que conjugan el derecho a la propiedad con el derecho de uso y disfrute de los inquilinos». Eso sin olvidar que más del 85% de los inmuebles alquilados son propiedad de personas físicas.
De hecho, CCOO junto a UGT ha presentado a nivel confederal un documento ‘Iniciativa Sindical por el derecho a la vivienda’, con medidas para hacer efectivo este derecho, entre ellas una mayor inversión pública, limitación de los precios de los alquileres, o creación de un potente parque público de viviendas en alquiler.
Por su parte, Cristina Antoñanzas apreció con satisfacción el amparo a las víctimas de violencia de género, de explotación sexual y de la trata, para que «puedan salir de situaciones de convivencia forzosa y alojarse fuera de ese entorno, en hoteles durante el estado de alarma, si no hay plazas en el sistema de protección y si están en situación de riesgo». También comparte, UGT, que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género «sean considerados servicios esenciales durante el estado de alarma».
Autónomos y pymes. Las dos organizaciones sindicales consideran que el aplazamiento de pagos de cotizaciones a la Seguridad Social durante un plazo de 6 meses a Pymes y autónomos «puede suponer un respiro económico», por lo que confían en que, una vez superada la crisis sanitaria, «comience cuanto antes la actividad de las pequeñas y medianas empresas» que, recuerdan, «conforman el 80% de nuestro tejido productivo y crean cientos de miles de puestos de trabajo» que «deben respetarse».
Por último, Tanto CCOO como UGT también aprecian las garantías que el Gobierno otorga «sobre los suministros básicos a los hogares más vulnerables», y el hecho de que, mientras esté en vigor el estado de alarma, «luz, agua, y gas no podrán suspenderse en los hogares».
Finalmente, los sindicatos continúan exigiendo «la máxima protección para los trabajadores y trabajadoras que siguen acudiendo a su puesto de trabajo», ya que desarrollan su actividad en sectores esenciales.