Una sentencia judicial ha puesto «a parir» a la Junta de Comunidades por anular un acta de Inspección de Trabajo sobre la empresa Autocares Toletum que, en la actualidad, sigue debiendo miles de euros (al que menos 16.000 y al que más 48.0000) a siete trabajadores, todos ellos conductores de las líneas que unen Talavera con Toledo -ya sea por Torrijos o por La Puebla-.
CCOOcelebraba ayer que su intervención en este asunto haya dado lugar a una sentencia «épica» por la que se pone en evidencia la actuación del departamento de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional que desacreditó a su propio servicio de inspección que fijó una sanción de 16.000 euros sobre Autocares Toletum por una infracción muy grave. La Junta anuló aquel acta inspectora, una anulación que recurrieron desde el sindicato y que ahora ha tenido una respuesta positiva por parte del Juzgado de lo Social.
Así, recordaban ayer desde CCOO que Autocares Toletum está a cargo de una concesión del Gobierno regional y que la Junta debe velar por el cumplimiento de los convenios y el respeto del derechos de los trabajadores algo que no ocurre en este caso, porque, denuncian se les amenazó con quedarse sin empleo cuando Toletum absorvió la anterior contrata en 2014. A estos trabajadores se les debía por parte de Autocares Zamorano unos 20.000 euros en concepto de salarios pero amedrentados por la nueva empresa aceptaron por temor a quedarse sin empleo que les fuera eliminado el plus de antigüedad de modo que ‘saldaron’ la deuda con unos 8.000 euros.
Pero es que además, esta eliminación del plus de antigüedad -contraviniendo el convenio por el que se rige este colectivo en la provincia de Toledo- les fue impuesta definitivamente, incluso en la actualidad no lo cobran, algo que la Inspección de Trabajo censuró en su acta como también el hecho de que se estuviera defraudando con ello a la Seguridad Social.
El secretario general de CCOO-Toledo, José Luis Arroyo, que junto al secretario general de CCOO-FSC de Toledo, Enrique Clavero, ofrecían ayer los detalles de esta resolución judicial, conminaban al Gobierno regional a hacer cumplir el convenio a la empresa y a que esta abone las deudas a sus trabajadores ajustándose además a lo que establece el convenio del sector.
«La sentencia no es el fin. Ahora los trabajadores tienen que cobrar lo que se les debe -el sindicato ya ha comenzado a presentar las correspondientes demandas, por si Autocares Toletum no paga voluntariamente- y la empresa tiene también que saldar las deudas con la Seguridad Social; además de pagar y cotizar correctamente a futuro», selaba Arroyo que instaba a la Junta a no recurrir esta sentencia «para no hacer más el ridículo» y a que considere «las vías que abre la nueva ley de contratos del sector público para impedir el acceso de empresas incumplidoras a concesiones y contratas de las administraciones públicas».