El número 33.333 suena apetecible para cualquier aficionado a la Lotería de Navidad. La cifra se repetió ayer y el martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Es capicúa y hace sonreír a cualquiera su pronunciación. Menos al alcalde de Navalcán, Jaime David Corregidor. La Fiscalía mantuvo ayer tras la segunda y última sesión del juicio la petición de cuatro años de prisión y la consiguiente inhabilitación como cargo público durante ese mismo periodo por un delito de falsedad en documento oficial por una subvención de la Diputación por esa cuantía en euros. La defensa, por su parte, reclama la absolución.

La sección segunda de la Audiencia Provincial deberá resolver ahora el futuro del socialista, que asumió por primera vez la Alcaldía de Navalcán en 2001 y solo ha permanecido fuera desde entonces en la legislatura 2011/2015. Una subvención concedida por la Diputación en 2009 ha originado que su senda política sea ahora incierta.

El fiscal, Ángel de la Cruz, considera acreditado en el juicio el delito de falsedad en documento oficial por la declaración responsable firmada por Corregidor de que estaban terminadas «en su integridad» unas obras para la instalación del sistema de goteo, de electricidad y un cerramiento en la dehesa municipal de 'Calabazas', un terreno con una superfie total de 850 hectáreas. «Acuso porque la integridad de las obras no se realizaron», expresó ante el tribunal presidido por María Jiménez.

El representante del ministerio público deslizó que el alcalde no mencionó hace siete años en las declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 4 de Talavera ninguna obra en la piscina o en un escenario, presentadas por la defensa en el juicio como destino de los 33.333 euros de subvención. «Ahora no se trata de comulgar con ruedas de molino», repuso.

De la Cruz sacó a colación al secretario municipal de Navalcán en 2009, quien dijo que entabló una conversación telefónica con un trabajador de la Diputación para informar del cambio de destino en las obras al no hallar agua para el olivar previsto. «¿Con quién habló? No lo sé», dijo en alusión a su pregunta y a la respuesta del testigo, que atribuyó a «malos hábitos» que no dejara constancia escrita.

«Me da igual que esté el PP o el PSOE», resaltó sobre la imparcialidad de su acusación. Y criticó, de paso, la laxitud de la Diputación para la concesión de una subvención sin comprobar las obras.

Por su parte, la defensa solicitó la absolución de Corregidor y atribuye al fiscal «un empeño específico» para mantener la acusación. La abogada Francisca Cobos incidió en que el destino de los 33.333 euros se abría a mejoras de la dehesa municipal, que incluyen la piscina y el arreglo del escenario.

«La subvención no se otorga por lo que dice el escrito de acusación», señala, en referencia al goteo, la electricidad y el cerramiento, que figuraban en la solicitud.

«La declaración responsable es puramente formal», afirmó como descarga del alcalde de Navalcán, que ni formuló la solicitud ni ese documento. «Parece que el Ayuntamiento sea solo el alcalde», reprochó la abogada, quien critica que la petición de la pena por parte del fiscal sea «absolutamente desproporcionada».

«Nada más, señoría». Fueron las únicas palabras pronunciadas por Corregidor en la última sesión del juicio en el turno final del acusado. Y nada menos.