Después de años y alguna legislatura de retraso para su aprobación, la nueva planificación  hidrológica del país llega el próximo 29 de noviembre a la mesa del Consejo Nacional del Agua. Se cumplirán entonces casi doce meses desde que todo el sector agrícola y ganadero de la región entregase en el propio registro del Ministerio de Transición Ecológica de Madrid, el detallado documento de alegaciones, demarcación a demarcación, para advertir al Gobierno y a Teresa Ribera que sin agua no hay futuro para la actividad económica alimentaria que nos da de comer.
Al día siguiente, el 30 de noviembre, por cierto, el otro Ministerio, el de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) convocará a los miembros de la Mesa Nacional de Regadíos donde debería arrancar la agenda de las próximas inversiones para la modernización de miles de hectáreas y la búsqueda de la máxima eficiencia en un recurso cada vez más escaso. Posiblemente, la suerte de disponer de más de 700 millones de euros de los fondos de reconstrucción de Europa (tras la pandemia), y otros que sumó finalmente el Estado en el PERTE alimentario, representarán una inyección dineraria que irá cayendo como lluvia fina en un año electoral..
Las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, este pasado viernes en Cuenca hace  pensar a los regantes que las cuentas están ya echadas para las diferentes demarcaciones hidrográficas con afección en la región. Y eso, a falta de ver qué textos llegan a la reunión de finales de mes, representa un desconsuelo por el hecho de que, desde aquel registro del pasado 16 de diciembre, ninguno de los líderes agrarios y de las cooperativas que llevaron en mano las aportaciones hasta Madrid, ninguno, ha vuelto a saber nada del proceso de aportaciones.
En aquel cuadernillo, no solo recalcaron las necesidades reales que necesitarían para hacer rentables sus explotaciones, o la rogativa de que no hay recortes, sino que también pedían un aforo real de los recursos disponibles, especialmente los subterráneos, donde creen que hay mucha más agua que la que dicen los piezómetros de la administración hidráulica. Y así vienen diciéndolo, asamblea tras asamblea en La Mancha, en 'la seca', viendo el horizonte que se presenta para ellos y para los jóvenes que están llegando a la actividad para darles el relevo.
Si como dijo Ribera en Cuenca «no habrá sorpresas» respecto a los textos que han ido presentándose en las reuniones de negociación, ni tampoco «recursos adicionales» por el preocupante escenario de Cambio Climático y ahora de sequía, la duda sobre si se han admitido las reivindicaciones es de momento razonable.
Todos son conscientes de que el retraso en la aprobación de estos nuevos planes hidrológicos de cuenca no les beneficia precisamente ahora por la situación de extrema sequía que arrastra el país y que puede perpetuarse si no cambia la cosa radicalmente. Pero es el punto en el que está el proceso, en la recta final para definir los usos de los próximos años. La ministra no ha ocultado en sus declaraciones que hay una urgencia medioambiental en la ordenación de las extracciones, en la explotación del agua, como tampoco el 'interés capital' de su departamento en poder dar una solución definitiva al problema del Alto Guadiana, la cuenca hidrográfica social y económicamente más sensible por las miles de hectáreas de cultivos que dan de comer a la sociedad y a las familias que trabajan esas tierras.
Lo que no detalló  de momento, fue el calendario de trabajo para desplegar los 250 millones de euros que casi dos meses antes ofreció su Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Alcázar de San Juan para rescatar del cajón el viejo Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y nuevas compras de derechos para los que siguen sin agua y sin papeles.