La condena por sedición a los líderes del procés amenaza con marcar el devenir de otras muchas causas judiciales abiertas por la organización del referéndum ilegal o por decisiones que supuestamente apuntalaron la hoja de ruta del independentismo.
Estos son algunos de los frentes judiciales cuyo desenlace puede verse condicionado por los hechos que el Tribunal Supremo considera probados en el fallo.
Trapero y la rebelión
Tal vez la causa que más acuse los efectos de la sentencia será la del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, quien junto a la antigua cúpula del departamento de Interior espera juicio el próximo enero por contribuir al despliegue de la hoja de ruta unilateral, garantizando la pasividad de la Policía autonómica ante el 1-O y las concentraciones ante los registros del 20-S.
Paralelamente, mandos de los Mossos son investigados en distintos juzgados catalanes por desobedecer la orden del Tribunal Superior de Cataluña de impedir la consulta suspendida por el Constitucional.
La mesa del Parlament
Desgajada del proceso contra los líderes independentistas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto desde el 28 de noviembre la causa contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament y una exdiputada de la CUP que facilitaron la tramitación de las leyes del procés. La Fiscalía pide penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación para los seis acusados por un delito de desobediencia grave.
La organización del 1-O
La logística del referéndum, desde la distribución postal o la gestión informática hasta la designación de los observadores internacionales, ha dejado a las puertas de juicio a una treintena de cargos del Govern, técnicos y empresarios, procesados por malversación, prevaricación, desobediencia y falsedad documental, delitos a los que la Fiscalía pugna por añadir el de organización criminal.
Los alcaldes
Ninguno de los 700 alcaldes a los que la Fiscalía instó a abrir diligencias en vísperas del 1-O, en su ofensiva contra los apoyos municipales al referéndum, ha llegado por el momento a juicio y son apenas media docena los que han acabado imputados.
Síndicos electorales
Apenas un mes estuvieron en el cargo los cinco síndicos electorales a los que el Parlament designó para supervisar el referéndum ilegal, con funciones análogas a las de una Junta Electoral. El Constitucional los fulminó, en vísperas del 1-O, con una multa de 12.000 euros diarios. Su dimisión no impidió que la Fiscalía se querellara contra ellos por desobediencia, usurpación de funciones y malversación. Están a la espera de que se señale su juicio, en el que afrontan penas de dos años y nueve meses.
El amigo de Puigdemont
El empresario Josep Maria Matamala, amigo íntimo y mano derecha del expresidente catalán Carles Puigdemont, lo acompañaba cuando la Policía alemana lo detuvo en marzo de 2018, a raíz de la euroorden de detención expedida por el Tribunal Supremo, que acabó retirándola tras el revés de la Justicia germana. Ello motivó que la Audiencia Nacional abriera una causa al empresario por encubrimiento, junto a dos mossos y al historiador Josep Maria Alay.
Quim Torra
El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, se sentará en el banquillo el próximo 18 de noviembre por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones del 28-A, una instrucción que sí ha acatado en el período electoral previo al 10-N.
Los CDR
Siete activistas de los CDR permanecen en prisión preventiva, acusados de preparar sabotajes con explosivos y de flirtear con la lucha armada, en una causa que la Audiencia Nacional mantiene bajo secreto y en la que se esperan más detenciones.