Como siempre he hecho desde la recuperación de la democracia, el domingo 10 de noviembre de 2019 fui a votar. Ejercía mi derecho a la participación pública eligiendo, mediante libre sufragio universal, a mis representantes en las Cortes Generales. Delegaba en ellos la cuota de soberanía nacional que, de acuerdo con el artículo uno de la Constitución, me corresponde. Hoy me siento agredido. Aquellos a quienes entregué un poder (¿qué otra cosa, si no, son nuestros votos?) para que en mi nombre legislarán, debatiesen o avanzasen en la mejora social, política, laboral y económica de nuestro país, no pueden ejercer plenamente tal encomienda. Quienes piensan que la decisión del Tribunal Constitucional es una victoria contra Pedro Sánchez y sus socios gubernamentales o parlamentarios yerran, esto es un ataque a la democracia representativa. Bien lo dijo Meritxell Batet, presidenta del Congreso, la noche de autos: a partir de ahora, al alcance de un solo diputado se ha puesto la posibilidad de interrumpir la potestad legislativa del Parlamento.
En su permanente estrategia de acoso al Gobierno legítimo de España, el Partido Popular y sus adláteres han arrastrado al CGPJ y al Tribunal Constitucional a una posición que, personalmente, creo no les beneficia en nada. A los ojos de un buen número de ciudadanos, cada vez se consolida más la imagen de que la Justicia, o al menos parte de ella, se ha instrumentalizado como otro brazo político de los conservadores, uniéndose al ariete antisanchista que alienta lo más reaccionario de caverna hispana. Ello no es bueno para nuestro Estado de Derecho. Es difícil entender que miembros del Constitucional con su mandato caducado, y sin posibilidad de ser sustituidos por el bloqueo sostenido de la derecha, se conviertan en juez y parte de un arbitraje trascendental que les afecta directamente a ellos mismos. Píntese como se pinte tan cuestionable decisión o póngase solemne Feijóo sobre el respeto a la independencia y la defensa de las garantías constitucionales, cuanto ha ocurrido en estos últimos días es una píldora muy difícil de tragar. A la espera, pues, de que el Parlamento y el Ejecutivo contrarresten semejante atropello con cuantos mecanismos políticos, legislativos y jurídicos tengan a su mano, les expreso, amigos lectores, mis mejores deseos navideños. Salud.