Se cumplieron los presagios y las filtraciones de los días previos. El Tribunal Supremo notificó ayer a las partes la sentencia del procés, una decisión judicial histórica en la que se condena a 13 años de prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por los delitos de sedición con malversación de caudales públicos, así como a 13 años de inhabilitación absoluta. Para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la pena es de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación, también por los mismos delitos. Además, a Carme Forcadell se le condena a 11 años y seis meses sólo por sedición; a Joaquim Forn y Josep Rull, a otros 10 años y seis meses también sólo por sedición y, finalmente, a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se les impone una pena de nueve años por el mismo delito. Sólo Santi Villa, Meritxel Borrás y Carles Mundó fueron absueltos del delito de malversación. 

La sentencia dejó descontentos a muchos. Por un lado, los que consideraban, como algunos fiscales,  que los hechos acaecidos se correspondían con un delito de rebelión y califican de «blanda» la sentencia, y, por otro, los independentistas que tildan las condenas de «venganza» y defienden que todo es un complot del Estado que atenta contra la libertad de expresión y el derecho de autodeterminación. Pese a las críticas, la sentencia, que fija en cerca dos millones de euros el dinero público que los condenados por malversación destinaron al procés, deja claro que España es un país con una democracia moderna y consolidada y que las decisiones judiciales son independientes y se sustentan en el derecho y, en definitiva, que el que la hace, la paga.

Mientras en las calles de una buena parte de Cataluña comenzaban las movilizaciones en contra de la decisión del Supremo, con cortes de las principales vías de comunicación como autopistas y aeropuertos, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dejaba claro en su intervención que los condenados cumplirán íntegramente sus penas. Sin embargo, la sentencia deja abierta la puerta a que sea Instituciones Penitenciarias, en este caso dependiente de la Generalitat, la que pueda conceder el tercer grado a los secesionistas una vez cumplan una cuarta parte de la condena, por lo que sólo tendrían que dormir en prisión; algo que podría suceder en las próximas semanas.

Lo que no parece estar claro es que, pese a la sentencia unánime, los independentistas no quieren parar esta enorme bola de nieve que se ha creado en los últimos años. El adoctrinamiento que han llevado a cabo durante las últimas décadas ha servido para inculcar en las nuevas generaciones las ideas de un secesionismo rancio que odia todo aquello que tenga que ver con España. Ha quedado claro que el camino emprendido por los dirigentes catalanes no lleva a ninguna parte. La única vía de escape es apelar al diálogo y acatar el orden constitucional. Sólo así se podrá avanzar y pasar página, aunque muchos no estén a día de hoy por la labor.