España tiene una larga tradición de subsidiar a quien menos lo necesita. Se acordarán del piso que pilló el ex-diputado de Podemos, Ramón Espinar. A mí aquello me trasladó diez años atrás en el tiempo, cuando mis amigos de clase media empezaron a meterse en pisos de protección oficial. Las condiciones eran inaccesibles para quien más lo necesitaba porque hacía falta una entrada de decenas de miles de euros, algo totalmente inalcanzable para un recién licenciado sin ayuda de papá y mamá.
Es cierto que subsidiar solo a las rentas más bajas puede traer problemas si no se aplican medidas correctoras, sobre todo en sociedades con grandes ghettos o con las tasas de inmigración muy altas. En Estados Unidos, la red de ayudas para menesterosos fomenta bolsas de marginación: barrios enteros -muchos afroamericanos y latinos- que acaban viviendo en una espiral de ayudas de las que se sale con dificultad.
Pero lo opuesto -crear subvenciones importantes dejando fuera a quienes realmente las necesitan- es una barbaridad. La redistribución se acaba convirtiendo en un privilegio para clases medias y altas. Como mucho se consigue trasladar renta de una generación a otra. Y a veces, como cuando se subsidia a los pensionistas con abonos de transporte gratis, se hace en la dirección opuesta.
El proyecto de Isabel Díaz Ayuso de ofrecer cuantiosos cheques bebé a madres menores de treinta años que lleven más de diez años empadronadas en Madrid es un ejemplo de libro. Deja fuera al estudiante de Almería o de Zamora que se quedó en la capital trabajando, al ecuatoriano que lleva currando ocho años en una obra después de formalizar sus papeles y a prácticamente cualquiera que no se haya escolarizado en Madrid. Apuntala la clase media a costa de hundir a quien no pasa el corte y bloquear el ascensor social. Puro populismo.