A nadie que me haya leído antes sobre el tema le sorprenderá que esté básicamente de acuerdo con el Tribunal sobre el estado de alarma. Tengo discrepancias puntuales, y entre otras, me parece un tanto extraño, dentro de un último fundamento bastante curioso y no muy necesario, la referencia a que los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los efectos de una suspensión de sus derechos llevada a cabo sin el procedimiento y las garantías adecuadas, solo porque se considera en el fondo proporcional.
Pero obviamente mis discrepancias más importantes se centran en algunas de las ideas apuntadas en los votos particulares. En primer lugar, la propuesta de un concepto de suspensión de derechos fundamentales exclusivamente formal, consistente en que solo hay suspensión cuando así se declara expresamente, priva a la institución de la suspensión de su sentido garantista, sin el cual carece de todo sentido. Es sorprendente que Conde Pumpido afirme que adoptar exactamente la misma medida bajo el estado de excepción sería mucho menos garantista, aunque no sea capaz de concretar qué tipo de garantías se pierden si la medida adoptada hubiera sido la misma, pero con mayor control. Si ahora resultase que no hay suspensión si no se declara, sea cual sea la intensidad en la restricción de un derecho, estos podrían prácticamente vaciarse en situaciones de normalidad, siempre que ello no se considere contrario al vago y subjetivo parámetro de la proporcionalidad. Y hablando de esto, también sorprende que algunos votos insistan en lo ambiguo y confuso de conceptos claramente exigidos por la Constitución, como los de suspensión o el de contenido esencial, mientras les parece muy sencillo y fácil de aplicar un criterio no explicitado en la norma fundamental, como es el de proporcionalidad.  Y ello por no decir la naturalidad con la que algún voto acepta que la prohibición general de circular ‘cuadra’ en las previsiones del art. 11 de la LO 4/1981, que inequívocamente permite solo ‘limitar’ o ‘condicionar’. En fin, un argumento subyacente en los votos, pero muy explícito en algunas críticas políticas a la sentencia, es el relativo a que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de un decreto cuya prórroga fue adoptada por más del 90% de los votos en el Congreso, o incluso la supuesta falta de ‘sensibilidad política’ de la mayoría. Aquí basta recordar que un Tribunal Constitucional se justifica precisamente para señalar y anular los excesos que pueda aprobar la mayoría, y este matiz ‘contramayoritario’ no solo no es antidemocrático, sino que es un verdadero pilar de una democracia que se fundamente en los derechos (y no puede haber una verdadera democracia que no lo haga). Tan peligroso es el activismo mal entendido, como la deferencia excesiva que convierta al TC en un órgano al servicio del poder político.