Las Cortes han dado luz verde a la nueva Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de Castilla-La Mancha, más conocida como Ley de la Ciencia, con los votos a favor de la mayoría socialista y el PP y la abstención de los cuatro diputados de Ciudadanos.

Y es que, a pesar de que el debate en las Cortes no ha logrado limar todas las reticencias del PP y Ciudadanos sobre la nueva ley, ambos grupos han reconocido la necesidad de apostar fuerte por el I+D+i, de ahí que ninguno de ellos haya votado en contra.

Más aún si se tiene en cuenta que esta normativa, que entre otros puntos quiere fomentar un modelo de colaboración público-privada en materia de  investigación,  ha vivido su desarrollo parlamentario en el marco de una pandemia global que ha cambiado el modo de ver el mundo en tan solo un par de meses.  

Una sensación que ha transformado en palabras la diputada socialista Diana López, ponente de esta ley.  Como ha explicado en la tribuna de oradores, «queremos disponer de un sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación a la altura de las circunstancias de la actual la crisis sanitaria».

La Agencia regional de Investigación e Innovación ha sido uno de los principales ‘peros’ de Ciudadanos y PP a esta ley. Los ‘naranjas’ han planteado hasta el último momento la posibilidad de ‘cambiar’ esta Agencia por una Red de Transferencia Tecnológica, para poner en contacto a las empresas con los centros universitarios, de investigación y tecnológicos existentes en la región. A su juicio, un modelo más eficaz a la hora de activar la colaboración entre los diferentes agentes involucrados en la investigación.

No obstante, esta Agencia, que tendrá su sede en Puertollano, era un punto negociable para el Gobierno y el PSOE, como se ha visto este jueves en el pleno de las Cortes.

Una Agencia que quiere ser un instrumento para la modernización de la gestión pública de las políticas de I+D+i de la región, encargándose de la financiación, evaluación, concesión y seguimiento de las actuaciones de investigación científica y técnica. En este sentido, desde la Junta se insiste en que esta Agencia «responderá a los principios de transparencia y eficiencia, garantizando al mismo tiempo la adopción de un modelo de gestión que simplifique los procedimientos y disminuya las cargas administrativas para la ciudadanía».

Otro punto en conflicto ha sido  la cuestión de quién formará parte del Consejo Asesor de la Ciencia, incluido en esta ley. Desde el PP se solicitaba la inclusión un representante de cada Grupo Parlamentario de las Cortes, mientras que Ciudadanos apelaba por una mayor representación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ni una ni otra enmienda fueron finalmente avaladas por la mayoría socialista en las Cortes.

Pese a la abstención de Ciudadanos, cabe destacar el consenso general con el que cuenta esta ley en materias como la financiación o la necesidad de generar nuevas oportunidades para la economía regional. Y es que, como ha recordado la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez,  «los países ricos son ricos porque hacen ciencia, no hacen ciencia por que snn ricos»

Esta ley contempla el incremento de los fondos regionales dedicados a investigación, desarrollo e innovación, incluyendo lo destinado a las universidades con presencia en la región, para aproximarlo  progresivamente a los porcentajes de financiación del objetivo común europeo. Un objetivo valorado por todos los grupos parlamentarios y muy especialmente por Ciudadanos, cuya portavoz, Carmen Picazo, ha hecho valer que el apunte hacia la ‘convergencia europea’ ha sido un añadido ‘naranja’ al articulado de la nueva Ley de la Ciencia regional.

Como ha insistido la consejera de Educación, la nueva norma tiene un doble objetivo; atraer el talento investigador a la región y, por otro, producir nuestro propio talento científico a través del fomento de la formación en I+D+i a lo largo de todo el sistema educativo, apoyando la carrera investigadora.

En este sentido, es una ley  «que va a estimular las interpelaciones en materia de investigación científica y técnica entre las administraciones, las empresas, las universidades, los centros tecnológicos, dando como consecuencia una transferencia del conocimiento al sector productivo».

Pese  a su voto a favor a esta ley, desde el PP se ha querido dejar claro que  «todos los programas y proyectos que recoja la norma han de contar con «con plazos y financiación suficientes». «Esta Ley se hace para dinamizar la innovación, el desarrollo y la investigación, pero desde la certidumbre, la seguridad y la certeza de que existirá una financiación, no podemos avanzar en estas áreas sin una consignación presupuestaria que se conozca a priori, y esto se tiene que plasmar en la norma desde hoy», ha advertido Benjamín Prieto, portavoz ‘popular’ en la materia.

Una intervención que ha terminado con un mensaje a navegantes: «esta ley debe servir para fortalecer la I+D+i, no ser una excusa para incrementar la burocracia y el gasto ordinario de la Junta de Comunidades».