En el sanchismo no se advierte entusiasmo, a pesar del triunfalismo del presidente de Gobierno. Incluso Pedro Sánchez muestra un gesto que tiene poco que ver con la sonrisa de satisfacción de ocasiones anteriores. Eso, en el sanchismo. En el socialismo que no reniega de sus principios y que no sabe qué hacer en la próxima cita electoral, porque el corazón le pide seguir siendo leal a sus siglas, pero la cabeza le indica que este PSOE no es su PSOE, hay un ex dirigente que le traslada a la periodista su pesar por «los destrozos» que está haciendo el líder del Ejecutivo. 

Ni siquiera el CIS le ha dado una alegría en su último barómetro del año. Sigue dando al PSOE como partido vencedor, no se esperaba menos de Félix Tezanos, pero indica que el PP acorta distancias. Con algún dato más, inquietante para el sanchismo: Emiliano García Page tendría asegurada la permanencia en la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero Fernández Vara y Ximo Puig no tienen tan claro que puedan seguir al frente de Extremadura y Andalucía. 

En Moncloa, y en Ferraz, empiezan a inquietarse por los resultados de mayo. No hay precedente de que el partido que pierde las elecciones municipales y autonómicas gane después en las generales, y Pedro Sánchez lo sabe. Por eso hizo una apuesta arriesgada: aprobar todas las leyes que quedaban pendientes porque provocaban polémica para, una vez aprobadas, dedicarse plenamente a trabajar para que se visibilizara la imagen de un Gobierno serio, buen gestor, y pendiente de los problemas ciudadanos, dejando atrás las tensiones que provocaban esas leyes.

Está por demostrar que esa estrategia sea correcta: precisamente en los primeros meses del 2023 -y las elecciones son a finales de mayo- se verán las consecuencias de las leyes ahora aprobadas.

La rebaja de los delitos de malversación pondrán en libertad a personajes conocidos del mundo de la corrupción. Desde Moncloa lo niegan, aseguran que han amarrado bien la ley que reduce el delito de malversación, pero también habían amarrado la ley de libertad sexual, decían, para que no favoreciera a los violadores, y sin embargo sigue el goteo de condenados que reducen sus penas o son excarcelados. No han servido de nada las instrucciones del Gobierno a los fiscales, los jueces han actuado como corresponde: aplican la ley.

Norma con peligro

Nada se ha dicho todavía sobre las consecuencias de la Ley Trans aprobada el pasado jueves, y pueden ser devastadoras. No se hicieron las consultas a los órganos pertinentes y tampoco se consultó a los profesionales de la medicina. El equipo del Ministerio de Igualdad solo recogió las propuestas de las asociaciones de transexuales, y ha aprobado una ley que, lo indican ya los mencionados profesionales médicos, tiene consecuencias peligrosas.

 El hecho de que menores de edad puedan ser hormonados sin las autorizaciones previas adecuadas, y que quieran cambiar de sexo en una edad en la que son frecuentes las dudas sobre la identidad sexual, es de una irresponsabilidad absoluta. La primera inyección de hormonas ya cambia la vida para siempre, sus consecuencias son irreversibles. Hace tiempo, incluso, que los profesionales vienen transmitiendo señales de alerta. 

La responsable de lo que pueda ocurrir con la Ley Trans no será Irene Montero, sino el presidente del Gobierno que no se atrevió a parar a su ministra de Igualdad por miedo a que se rompiera la coalición que le permite mantenerse en Moncloa. Hay un dato significativo: Carmen Calvo, como el resto de las feministas del PSOE, estaba en contra de esa ley, por razones similares, incluso idénticas, a las ahora expuestas. Cuando se dio luz verde, dijo que, por lealtad, votaría a favor de una ley del Gobierno de su partido, gobierno del que fue vicepresidenta. A la hora de la verdad se abstuvo. No podía votar a favor de una norma que iba contra sus principios, y cuyas consecuencias conocía sobradamente.

Hay un elemento en esa ley que debería llenar de vergüenza al mundo socialista: el Gobierno presentó una serie de enmiendas como condición para su aprobación, con una postura muy crítica sobre algunos de los artículos de esa legislación de Montero que consideraba que contenía aspectos de dudosa constitucionalidad y, también, de dudosas consecuencias en su aplicación si no se tomaban medidas correctoras. 

Durante semanas mantuvo esa postura... y finalmente la aprobó tal cual había salido del despacho de Irene Montero. 

Pedro Sánchez ha cometido, con esa aprobación, una de las fechorías más importantes de su mandato. En el aspecto moral, por la gravedad de sus consecuencias, que se verán a medio plazo, y en el aspecto político: se ha visualizado más que nunca que sus principios son cambiantes. Resultado de la batalla: Irene Montero se ha apuntado un importante tanto, mientras el sanchismo ha sufrido un varapalo que probablemente se traducirá en pérdida de votos cuando toque ir a las urnas. Determinadas cuestiones sociales, más aún que las fiscales y económicas, suman y restan votos, que equivale a decir que nombran o deponen gobiernos.

Confianza y convulsión

Los últimos días del año están siendo convulsos. El Gobierno ha conseguido aprobar, contra natura, leyes de las que dependía su vida porque se trataba de exigencias de sus socios y, por tanto, indispensables colaboradores para avalar la continuidad. Le queda la espina del Tribunal Constitucional (TC), donde no ha podido hacer los nombramientos que Sánchez tenía previstos. Pero no se conforma y tras rechazar el Tribunal de Garantías la fórmula que había previsto para proceder a su renovación, ya que el procedimiento no se ajustaba a la legalidad. No solo lo dijo el Constitucional, también la UE.

Sánchez presentará una proposición de ley cuando se inicien las sesiones de 2023 para cambiar el sistema de elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de forma que pueda conseguir la mayoría en el TC, que es lo que hoy le quita el sueño. 

Mañana, se reúne de nuevo el CGPJ para designar a los dos miembros del TC que le corresponden, y que no han podido ser acordados por las discrepancias entre conservadores y progresistas. Es decir, entre PP y PSOE. El Gobierno acusa al PP de bloqueo sistemático, pero el PSOE también bloquea. 

Pretende el Gobierno que José Manuel Bandrés sea a toda costa uno de los miembros del TC, y el PP se resiste poniendo sobre la mesa varios nombres alternativos, pero el Gobierno rechaza incluso a los magistrados considerados afines a su ideología. Sánchez quiere, como sea, que el nuevo presidente del TC sea Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general del Estado, y ese empeño le lleva incluso a aceptar algo que nunca se habría aceptado en una polémica de estas características: que la mujer de Conde Pumpido, juez y vocal del CGPJ, no se inhiba en la votación del Consejo para elegir a los dos miembros del TC que le corresponden. 

A Pedro Sánchez se le nota en la cara, incluso en el andar -menos enérgico, menos firme- que está preocupado. Se comprende. Pero en su mano está que los españoles puedan empezar a confiar en la palabra, y en las iniciativas, de su presidente de Gobierno.