Habrá alrededor de cinco millones de euros más para los presupuestos de 2022 en Toledo. Es la cifra de dinero que perdería la ciudad con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nulo el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como el de plusvalías municipales. Desde el ayuntamiento de Toledo, la alcaldesa calificó como «positiva y rápida» la respuesta del Gobierno de España tras aprobar un decreto ley que adapta ese impuesto al reciente fallo del Alto Tribunal.
Tal es la acogida y la importancia de la cuantía económica para el consistorio, que la alcaldesa anunció en cuanto conoció la noticia, que ya hay un equipo técnico estudiando las condiciones del decreto para añadirlo «desde ya» a las cuentas públicas de 2022. Y es que la supresión de este impuesto suponía para las entidades locales de todo el país, una pérdida de 1.200 millones de euros. 5 de ellos en la ciudad de Toledo, aproximadamente el cinco o seis por ciento de los ingresos percibidos en los presupuestos.
Milagros Tolón afirmó que es una demanda que ya venían pidiendo los ayuntamientos desde que se conoció el dictamen del Constitucional, «no solamente para las propias entidades locales, sino también para los vecinos que tienen que hacerse cargo de una herencia o de un bien de transmisión», porque según la alcaldesa es un canon que se recauda «para dar servicio público», poniendo de ejemplo que en los últimos años se invertía en la limpieza de todo un año en los centros educativos.
Y es que el nuevo decreto aprobado este lunes por el Consejo de Ministros establece dos opciones para determinar la cuota tributaria a elegir por el contribuyente. Es decir, que el ciudadano que deba tributar una propiedad podrá elegir entre calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes o podrá decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición. En caso de que el contribuyente no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda quedará exento de pagar este impuesto, según informó el Ejecutivo nacional.
También es destacable que el decreto no tiene efectos retroactivos, es decir, que las operaciones realizadas entre la fecha de la sentencia del Constitucional(26 de octubre) y la de la entrada en vigor de este decreto, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedarán exentas de tributación.
A su vez, el Gobierno de España ha otorgado seis meses para que los distintos ayuntamientos adapten su normativa al nuevo marco legal. La decisión del consistorio toledano, tal y como anunció la alcaldesa, por tanto, es estudiar sus condiciones y aplicarlo cuanto antes para introducirlo en las nuevas cuentas públicas, sin tener que recortar servicios.
Hay que recordar que cuando se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional - la que anulaba el impuesto porque no se ajustaba a la realidad por tomar como base un aumento de los valores del terreno independientemente de que haya o no existido este- el Ayuntamiento de Toledo decidió suspender el cobro de las plusvalías. Algo que ya hizo en 2018 para cumplir con otra sentencia del Constitucional que declaró ilegal el cobro de este impuesto para los supuestos del año 2017 en los que no figuraba un incremento en el valor de transmisión. Ese año la suspensión fue aun más dolorosa porque las pérdidas para las cuentas de la ciudad se cifraban en nueve millones de euros, por los cinco previstos para este curso.
Esta es la situación actual de un impuesto de plusvalías que lleva años generando dudas político-judiciales, y por consecuente, más reclamaciones ciudadanas por fallos en sus cobros o beneficios.