El Rey Felipe VI visitó ayer la sede del Defensor del Pueblo, una institución que definió como clave y «agente relevante para reforzar la convivencia democrática» con su labor de vigilancia de las Administraciones Públicas.

Don Felipe acudió a la institución con motivo del 40 aniversario de la elección por las Cortes Generales de su primer titular, Joaquín Ruíz-Giménez, quien tomó posesión en 1983.

En una breve pero destacada intervención ante el actual Defensor, Ángel Gabilondo, el Monarca destacó que, pese a lo cambios de los últimas cuatro décadas, algo se mantiene estable: «la primacía de los Derechos Fundamentales en nuestro sistema político y la necesidad de vigilar atentamente su debido respeto». 

«Los retos de nuestro tiempo exigen instituciones fuertes y comprometidas con los valores democráticos», afirmó el Soberano, quien animó al personal de la institución a que «continúe con su relevante labor al servicio de los ciudadanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho».

Además, el Rey insistió en que el hecho de que cualquier ciudadano pueda acudir a esta institución de manera gratuita lo convierte en «un agente relevante para reforzar la convivencia democrática».

Tras presentar una placa que recordará esta visita del Monarca a la  sede, Gabilondo subrayó que, bajo su mandato, la institución seguirá entregada a su labor pormenorizada y cuidadosa, alejada de controversias, no necesariamente fecundas, o de ruidos que quizás silencia las palabras».

Después de conocer las oficinas, Felipe VI mantuvo una reunión de cerca de una hora con Gabilondo y los directores de área en la que le explicaron las dinámicas y funcionamiento de la oficina, así como qué tipo de quejas son las que más llegan de los ciudadanos. En un discurso posterior, Gabilondo agradeció al Rey «que no se haya limitado a ser una mera visita protocolaria».

El Defensor del Pueblo tiene como responsabilidad principal velar por los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones, por lo que investiga las actuaciones de estas instituciones públicas o de sus agentes y vigila que se cumplan los derechos de los ciudadanos en materias como la educación, sanidad o los servicios sociales.

Además, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el defensor realiza visitas preventivas a cualquier centro de privación de libertad para detectar problemas que pudieran favorecer la comisión de prácticas de tortura o malos tratos.