El Ayuntamiento de Talavera ha sido escenario esta tarde de uno de los últimos trámites previos al pago de las cantidades que se adeudan a 1.200 trabajadores por las diferencias salariales entre las cantidades que percibieron por los contratos de los planes de empleo de 2016, 2017 y 2018, y lo que les hubiera correspondido para equiparar sus salarios con los de los empleados municipales que desempeñan la misma función.
Esta vez sí, el pago será cuestión de como mucho unas semanas. Así lo ha asegurado la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, después de firmar con los abogados que representan a estos trabajadores los acuerdos de pago que ahora se presentarán al juzgado para su ratificación y posterior envío al Ministerio de Hacienda para que realice los ingresos correspondientes en las cuentas bancarias de cada uno de los afectados. Será, como muy tarde, a finales del mes de mayo y se pondrá así fin a un proceso que la alcaldesa ha definido como «larguísimo y complicadísimo».«Para mí como alcaldesa es un día importante y un día en el cual me ratifico porqué estoy en política, para intentar ayudar y solucionar los problemas de la gente», declarabaa alcaldesa ante los medios de comunicación, sin poder ocultar la satisfacción y, también, sin dejar pasar la oportunidad para criticar una vez más al anterior Gobierno municipal. En este sentido, insistió en que los trabajadores fueron «víctimas de una mala gestión», a la que ahora se ha puesto una solución sobre la mesa, con fecha para hacerla efectiva.
No obstante, era mucho más duro el representante del sindicato CCOO, Federico Pérez, al calificar lo ocurrido con los planes de empleo como «el mayor fraude laboral de la administración local de este país». Pérez y Javier Flores, de UGT, acompañaron ayer a la alcaldesa para escenificar el diálogo y la unidad que han mantenido en este asunto.
La alcaldesa agradeció a ambos sindicatos la colaboración para buscar una solución que garantice el cobro y dé una solución definitiva a los trabajadores que tienen reconocidos sus derechos salariales por sentencia judicial firme.
Pérez cifró entre 4.000 y 5.000 euros la media de cantidades que recibirán los trabajadores, entre los que se pueden registrar grandes diferencias que vienen dadas por ladisparidad de funciones y porque en algunos casos trabajaron en varias ediciones de los planes de empleo afectados, frente a los que solo lo hicieron una de las anualidades.
Para concretar las liquidaciones el Ayuntamiento ha tenido que realizar más de 8.000 nóminas, con las cantidades adeudadas por cada mes y las correspondientes retenciones, en el que ha sido ya el último desafío al funcionamiento municipal, de este largo proceso. En mayo de 2019 el Tribunal Supremo ratificó el fallo favorable a los trabajadores, a partir del cual no han dejado de llegar demandas en el mismo sentido y con el mismo resultado.
El pago se podrá afrontar gracias a los 9,3 millones de euros concedidos a comienzos del mes de marzo pasado para este fin por el Ministerio de Hacienda a modo de préstamo. Además de resultar beneficiado porque con ello podrá pagar la deuda, el Ayuntamiento recibirá cerca de dos millones de euros que se corresponden con la deuda a liquidar con la Seguridad Social por los salarios pendientes. Una deuda gravada en principio con un recargo del 20 por ciento, aunque la alcaldesa confía en conseguir una exención por parte de Hacienda.
García Élez aprovechó ayer para reconocer el trabajo en este asunto del personal municipal, del organismo autónomo local IPETA y de varios concejales, en especial de la portavoz, Flora Bellón, en la que ha recaído el peso de la negociación con los sindicatos en los dos últimos años. Junto a ella destacó el trabajo del concejal de Hacienda, Luis Enrique Hidalgo, en el último tramo relativo a la tramitación con el Ministerio de Hacienda.