El subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno Sánchez, ha asegurado ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el Ministerio finalizará el próximo año las obras de rehabilitación y reforma de la Audiencia Provincial de Toledo y que iniciará las obras de los nuevos edificios judiciales de Torrijos y del Instituto de Medicina Legal en Toledo.
Bueno Sánchez hizo estas afirmaciones durante la presentación de la parte que corresponde al Ministerio de Justicia dentro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 donde añadió que se iniciará la rehabilitación y reforma de los edificios judiciales de Ocaña, Manzanares y Puertollano y que se finalizarán las obras de construcción del nuevo edificio judicial de Casas Ibáñez, Albacete, y de los Juzgados de Motilla del Palancar, en Cuenca.
Sin embargo cuando se consulta la planilla de la Sección 13 de los PGE correspondiente al Ministerio de Justicia relativa a las inversiones en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no figura nada de todo eso (por ejemplo la Sección 24 del Ministerio de Cultura y Deporte en lo que toca a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha sí incluye dinero para las Murallas de Toledo 83.330 euros; Monasterio San Juan de los Reyes de Toledo 161.050; y Museo Sefardí de Toledo, Oficina única, 700.000).
Habrá que esperar a ver qué sucede cuando termine la tramitación de las cuentas pero el inicio no es prometedor, y eso que el subsecretario daba la información el día 5 de este mes, con el proyecto de PGE recién salido del horno.
La teoría del subsecretario de Justicia dice que en inversiones el Ministerio dedica 27 millones de euros para 2021, un 55,1 % a obra nueva y un 44,9 % a obras de reposición, reforma y rehabilitación, y afirma que el gasto «es de vital importancia, no solo para una adecuada prestación del servicio público de justicia, sino como elemento de vertebración del Estado a través de sus infraestructuras de justicia».
Según sus cálculos «estos presupuestos suponen un incremento respecto a los vigentes de en torno al 7,6 %» y el dato implica «que se superarían, en caso de aprobarse los presupuestos, los niveles de dotaciones de todos los programas de la sección 13 si atendemos a la serie histórica de los últimos diez años».
En su opinión «nos encontramos ante un presupuesto adecuado para iniciar un proceso de transformación completa del servicio público de justicia, coherente con la Agenda 30 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible», si es que se cumple lo anunciado.