Los agricultores y ganaderos de la región tienen hasta el 16 de septiembre para presentar sus proyectos de mejora de sus explotaciones y recibir una ayuda pública para poder costearlos. En concreto esa ayuda puede ser de un máximo de 200.000 euros si el titular de la explotación es una persona física y subiría a los 400.000 si es una persona jurídica o un proyecto de titularidad compartida. Para estas ayudas se han presupuestado 70 millones de euros. 

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, informó esta mañana de la aprobación de esta convocatoria por parte del Gobierno regional. Explicó que se puede llegar a financiar el 70% del coste de la inversión y que tendrán prioridad determinados proyectos, como los que presenten mujeres, los de aquellos ganaderos y agricultores con menos renta, los que lleven aparajedas iniciativas de investigación o los que se desarrollen en sectores estratégicos. De hecho, para esta convocatoria se suman los cultivos de plantas aromáticas en esa lista de sectores estratégicos.

Arroyo recalcó que estos 70 millones de euros no serán los únicos que se van a dar este año para mejora de explotaciones. Hay ya en marcha otra convocatoria con otros 50 millones de euros también para este fin, pero que se dirige específicamente para jóvenes que se incorporen al campo. Además estos jóvenes pueden optar a otras ayudas exclusivas para la incorporación y que también están dotadas con 50 millones de euros. Esta convocatoria para jóvenes expira el 18 de junio. 

«El objetivo es que ningún profesional se quede fuera de las ayudas», subrayó el consejero, que apuntó que este dinero se puede utilizar, por ejemplo, para reducir el consumo energético o para mejorar el uso eficiente del agua. 

La ley de la viña y el vino, en información pública. El consejero aprovechó también para anunciar que desde ya la Ley de la Viña y el Vino está en fase de información pública «para que aquellos que quieran contribuir a su elaboración puedan hacer las aportaciones oportunas». Tienen de plazo hasta el 7 de junio para hacerlo.

Arroyo declaró que el objetivo es que esta normativa pueda remitirse a las Cortes regionales este año para que la voten y la aprueben. Avanza que se persigue mejorar la «trazabilidad y garantías de los productos» y especificar los requisitos que deba tener la uva y el vino en su tratamiento en bodega.