Comenzó en la Audiencia Provincial de Almería el tribunal de jurado que debe dirimir la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada, de 48 años, acusada de asesinato por la muerte violenta en febrero de 2018 del niño de ocho años Gabriel Cruz y de ocultar su cuerpo sin vida durante 13 días. El arranque de la vista llegó acompañado de un ruego de la madre del pequeño Gabriel, Patricia Ramírez, quien, en una plataforma de recogida de firmas online, solicitó encarecidamente a los medios de comunicación un respeto para el proceso recién iniciado.
En la justificación de esta iniciativa, la madre del menor solicita el "estricto cumplimiento de los códigos deontológicos y sensibilidad a la hora de dar cobertura informativa en el juicio a la asesina confesa de nuestro pescadito". A la vez, propone a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y todas las asociaciones que lo integran que "velen por el cumplimiento del código deontológico de los periodistas que van a informar sobre este juicio", ya que, "desde la desaparición de Gabriel han sido bastantes las filtraciones producidas, incluso bajo secreto de sumario, realizando un daño irreparable a su memoria y a nuestra voluntad", apunta, por lo que requiere que no se publiquen o emitan posibles filtraciones, "así como la depuración de responsabilidades tanto por parte de quien lo hubiese filtrado como por parte del medio que lo haga público". La petición de la madre del pequeño Gabriel nace de la certeza de que serán varios los medios de comunicación que, independientemente de códigos deontológicos y compromisos con la objetividad de los propios informadores y empresas, terminen por convertir en un circo un juicio que debe carecer de cualquier elemento que entorpezca la labor de los jurados populares y de la redacción, posterior, de la correspondiente sentencia. Lo visto y oído en los últimos días con la muerte de la deportista olímpica Blanca Fernández-Ochoa es el último episodio del intento de convertir en espectáculo, y por lo tanto, en audiencia e ingresos económicos el drama de una familia.
En fechas recientes se estrenó en una plataforma de televisión un documental en el que se analiza la forma en la que determinados medios de comunicación abordaron el caso Alcàsser, el asesinato de tres niñas en 1993, cuyo triste final convirtió en un plató de televisión un pueblo entero, sin respetar el dolor de las familias que perdieron a sus hijas, hermanas, nietas... Aquellas penosas experiencias de las que algunos de sus protagonistas terminaron por lamentar públicamente no deben ni pueden repetirse. Y los medios de comunicación no deben alimentarlas ni justificarlas bajo el argumento de que a la audiencia le interesa.