La adjudicación definitiva del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de basura en la ciudad de Toledo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Valoriza Servicios Medioambientales y Acciona tendrá que esperar hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelva el recurso que ha interpuesto FCC Medio Ambiente-Gyocivil, la cuarta clasificada en el procedimiento de adjudicación, que alega que el órgano de contratación impidió que pudieran acceder a documentación del expediente.
La suspensión automática del procedimiento de adjudicación tras la presentación del recurso ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Toledo, ya que la concesión de este servicio esencial se remonta a 2007, siendo José Manuel Molina alcalde de Toledo, y ya consumió todas las prórrogas establecidas en el contrato. De hecho, el nuevo servicio debería estar funcionando desde hace cuatro años.
La decisión de la licitadora recurrente obligó al equipo de Gobierno a convocar el 18 de agosto una Junta de Gobierno extraordinaria para oponerse al recurso y solicitar al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que levante «la suspensión automática de la tramitación del expediente» mientras resuelve sobre el fondo del asunto, ya que el Ayuntamiento de Toledo no quiere que la adjudicación definitiva se retrase hasta que haya resolución firme de este órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.
Además de la 'cautelar' solicitada, los servicios jurídicos municipales ofrecen al Tribunal hasta cuatro argumentos para desestimar el recurso presentado por FCC Medio Ambiente-Gyocivil. El primero de ellos es de carácter formal. Y es que el Ayuntamiento entiende que el recurso presentado por la UTE es «extemporáneo» al presentarse fuera del plazo legal establecido. «El recurso entró en el registro del órgano del contratación el 16 de agosto, cuando el plazo de interposición concluyó el día 12», señala el primer argumento de inadmisión elevado al Tribunal Administrativo desde las Casas Consistoriales.
Asimismo, el Ayuntamiento de Toledo cuestiona «la falta de legitimidad» de la UTE recurrente ya que «en tanto en cuanto resultó ser la cuarta clasificada en el proceso de adjudicación de ningún modo puede llegar a alzarse con el contrato adjudicado el pasado 20 de julio por 80 millones de euros a la UTE Valoriza Servicios Medioambientales-Acciona por 79,9 millones de euros y un periodo de 7 años, con una prórroga de 12 meses. En este apartado, los servicios municipales tiran de jurisprudencia del propio tribunal, que ya ha rechazado en otras ocasiones recursos cuando el fallo, incluso en caso favorable para la parte actora, no llegaba a alterar el sentido de la adjudicación porque la minoración de puntos de la virtual adjudicataria o el incremento de puntuación de la actora no alteraba la clasificación final.
Por todo ello, para el Ayuntamiento, el recurso especial en materia de contratación presentado solo busca generar «confusión».
FONDO DE LA CUESTIÓN. Por lo que se refiere al fondo del asunto, el Ayuntamiento niega que haya denegado el expediente a la UTE formada por FCC Medio Ambiente y Gyocivil, ya que este derecho «no lo llegaron a ejercitar». El Ayuntamiento reconoce que la licitadora recurrente presentó el 6 de julio escrito de acceso al expediente, pero el Ayuntamiento le remitió un requerimiento para que aclarara «los documentos concretos para los que solicitaba acceso». En ese escrito también le pedía que le aclarase si el escrito iba dirigido al Ayuntamiento de Majadahonda o al de Toledo, ya que por un error se mencionaba al primero. El 13 de julio los recurrentes presentaban un nuevo escrito que, según el Ayuntamiento, era «idéntico palabra por palabra al del día 6 salvo por la corrección del error material» al dejar de mencionar al Ayuntamiento de Majadahonda, pero sin «aclarar los documentos» a los que querían acceder. Por todo ello, los servicios municipales concluyen que «en ningún momento denegó la información, sino que la solicitud de aclaración no fue atendida por la UTE recurrente, con lo que devino inviable continuar con la tramitación de la solicitud», al contrario de lo que sucedió con otras licitadoras. En este punto, el Ayuntamiento de Toledo pone como ejemplo a CESPA-Lozoya, que también solicitó tener acceso al expediente y, al igual que sucedió en el caso de FCC-Gyocivil, los técnicos municipales requirieron por escrito que concretase, en los mismos términos que a la recurrente, los documentos a los que quería tener acceso. CESPA Lozoya sí que mandó un escrito identificando la documentación que precisaba por lo que su petición «fue atendida sin inconvenientes».
Por todo ello, el Ayuntamiento de Toledo en su descargo no entiende que FCC-Gyocivil «aluda, en defensa de sus pretensiones, a un procedimiento legalmente establecido que ella misma no ha seguido, ya que, si entendió que se estaba vulnerando su derecho de acceso -que insiste en que no se materializó porque nunca dio respuesta a la petición de aclaración remitida por el Ayuntamiento, y no por negativa de éste-, podría haber accionado el mecanismo de acceso al expediente previsto dentro del plazo de quince días existente para la interposición del recurso especial en materia de contratación, e incluso podría haberlo solicitado al propio Tribunal Administrativo».
Por tanto, el Ayuntamiento de Toledo entiende que dado que «esta falta de acceso a la información es la única base argumental de fondo o de forma de la actora en defensa de sus pretensiones» para presentar el recurso contra la adjudicación, éste debe ser desestimado.