El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó este martes la cesión gratuita de terrenos a la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) para la construcción de 316 viviendas en la calle Fresnedoso del barrio de Santa María de Benquerencia antes del 30 de junio de 2026, destinadas a familias trabajadoras y jóvenes.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, explicó en rueda de prensa que el precio de alquiler de estas 316 nuevas viviendas –enmarcadas dentro del 'Plan 10.000' aprobado por el Gobierno en marzo de 2023– se situará por debajo del actualmente estipulado por el mercado.

La construcción y gestión de las viviendas se realizará a través de la colaboración público-privada con una inversión total de más de 42,5 millones de euros. De ellos, 15,7 millones serán aportados a través de los fondos Next Generation, mientras que será la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quien ceda el suelo público de manera gratuita para su edificación.

Padilla aclaró que la Administración no actuará como casera de las mismas, sino que será el sector privado quien se encargue tanto de su construcción como de su posterior explotación en alquiler, durante un plazo mínimo de 50 años.

Unos 646 euros de alquiler. Las viviendas contarán con una superficie media de unos 71 metros cuadrados y el precio final del alquiler rondará los 646 euros mensuales, tal y como destacó Padilla, quien además aseguró que «se trata de viviendas sostenibles, con altas calidades y con criterios de eficiencia, que superan las exigencias del Código Técnico de la Edificación».

La portavoz también ha mencionado que se reservarán y adaptarán algunas de ellas para personas con movilidad reducida permanente, así como que las familias que vayan a residir en ellas deberán tener unos ingresos máximos de cinco veces el IPREM.

Por último, la portavoz recordó que el 'Plan 10.000' pretende promover la construcción de diez mil viviendas nuevas en la región, tanto en régimen de compra como de alquiler, que permitan aumentar la oferta de vivienda y, por tanto, bajar su precio mediante mecanismos de colaboración público-privada. Después de un año de su puesta en marcha, «hemos llegado a casi un 30% de su cumplimiento», dijo.