La justicia española es garantista. Los abogados recurren frecuentemente a esta frase para defender el laberíntico sistema establecido que encauza la equidad, alegorizada con la venda de la mujer. Pero las vistas en la Audiencia Provincial destilan también incongruencias como la vivida ayer en la sala de la sección primera. El acusado quedó absuelto sin mediar intervención alguna; sólo dos minutos duró la presencia de Isidro ante los jueces. Fuera aguardaban una pila de testigos, incluidos policías locales, desconcertados por el brevísimo encuentro. Entre ellos, José Antonio, un enfermo que vivió una odisea para estar en la plaza del Ayuntamiento de Toledo. Para nada.

El juicio abordaba los altercados vividos el 21 de diciembre de 2015 -sí, hace más de ocho años- en un pleno de Casarrubios del Monte. Miguel, el acusado con la imputación más grave, falleció hace unos tres años, por lo que cualquier responsabilidad penal por la atribución de un delito de atentado quedaba extinguida. Sin embargo, la causa había viajado ya a la Audiencia Provincial y emergió ayer. El otro procesado, Isidro, sólo tenía que responder por un delito leve de falta de respeto a la autoridad y otro leve de lesiones. El transcurso de los casi nueve años disparaba automáticamente la absolución.

José Antonio, el testigo, salió ayer a las tres de la madrugada de un pueblo de Jaén junto con su esposa. Se equivocaron y condujeron hasta Illescas. Dieron la vuelta hasta Toledo. Estacionaron. Pagaron un taxi hasta la Audiencia. El hombre, de 53 años y graves achaques de salud, se vale de un bastón para deambular. Con muchísimos apuros, subió los peldaños de la escalinata del tribunal de justicia. Y allí se enteró de la brevísima sesión.

José Antonio había perdonado hace mucho tiempo a Isidro y retirado también la denuncia contra él. Aun así, la justicia le obligó a aplazar el tratamiento previsto para ayer y personarse en el juicio. Para nada.