Casi 1.000 plazas de Policía han quedado vacantes este año en tres autonomías: Cataluña (471), Madrid (475) y Baleares (52). Y es el alto coste de la vida en esos territorios lo que ahuyenta a los agentes a la hora de pedir esos lugares, además del rechazo social que sufren en el caso de la primera de esas tres comunidades. 

 Frente a los destinos que no pretenden estos funcionarios, en otras tres comunidades se han cubierto todos los puestos convocados: se trata de Asturias, Cantabria y Galicia, donde tradicionalmente se produce esta situación. También en esta ocasión se han pedido todas las plazas de Ceuta y Melilla, mientras que en Navarra solo han quedado vacantes dos, en La Rioja tres y en Castilla y León cinco.

El déficit de miembros en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es un problema crónico en toda España que, además, se agravó durante los años de la crisis, en los que la oferta de empleo para incorporarse tanto a la Policía como a la Guardia Civil se redujo de manera drástica. Así, por ejemplo, el pasado octubre, faltaban alrededor de 20.000 personas para cubrir las plantillas de ambos Cuerpos. Con estos datos, llama la atención que a los uniformados no les atraigan destinos como Barcelona, Madrid o Ibiza. Según los sindicatos, existe una motivación común en estos tres territorios: la carestía de la vida.

Tanto el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, como el de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, subrayan que, actualmente, el salario mensual de un policía de la escala básica apenas asciende a 1.500 o 1.600 euros, una cifra con la que es prácticamente imposible alquilar una vivienda en esos lugares y hacer frente al resto de los gastos del día a día. En este sentido, los sindicatos recuerdan que la Policía Nacional no cuenta con instalaciones para la residencia de sus miembros, ni permanentes ni temporales, como sí ocurre en el caso de la Guardia Civil con las casas cuartel.

La cosa se agrava en el caso de Baleares, y más, según subrayan los portavoces sindicales, cuando en época estival los agentes recién salidos de la academia son obligados a hacer prácticas en destinos turísticos como los de esa comunidad con un sueldo base y sin cobrar dietas, a pesar de que, según Cosío, podría considerarse como una comisión de servicio. En Ibiza, por ejemplo, y en plena temporada alta (julio y agosto), el alquiler de una vivienda puede incluso alcanzar los 3.000 euros, por lo que hasta seis agentes se ven obligados a compartir casa para poder sufragar los gastos.

Además, la territorialidad, un concepto que se incluye en la nómina de los policías que trabajan en Barcelona o Madrid, es de apenas 78 euros mensuales en la Ciudad Condal y de 175 en la capital, lo que tampoco compensa el alto coste de la vida.

Más allá del precio, hay otras motivaciones más específicas para no pedir determinadas plazas. En Cataluña, el rechazo social que en los últimos años están sufriendo los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha engrosado la lista de razones para huir de ese destino, así como la obligación de hablar catalán y escolarizar a los hijos en esta lengua. «Durante décadas hemos trabajado sin problemas en Cataluña y ahora nos ven como una fuerza de ocupación. Y no lo somos», lamenta Cosío.