El Tribunal de Cuentas ha iniciado de forma ordinaria la fiscalización de la  gestión de recaudación de los tributos propios del Ayuntamiento de Toledo. La institución que actúa en las comunidades autónomas que no tienen un organismo de control externo propio tiene previsto elaborar un informe con la situación de la recaudación de los tributos propios municipales (impuestos y tasas), así como de los precios públicos y los ingresos derivados de la imposición de multas y sanciones. El organismo fiscalizador de las cuentas del sector público ha requerido toda la información y la documentación referida al año 2013.

El objetivo del informe fiscalizador, según el Tribunal, es evaluar los sistemas y procedimientos de gestión y control internos aplicados por el Ayuntamiento de Toledo con el fin de valorar si son adecuados y suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa recaudatoria y conseguir el cobro de los derechos, evitando su prescripción, así como para garantizar la salvaguarda de lo recaudado.

La fiscalización al Ayuntamiento de Toledo llega en un momento en el que ha trascendido un informe de la Tesorería municipal en el que advierte que este servicio municipal no tiene el control sobre las multas en período voluntario, circunstancia que, a su entender, «debería cambiar, al menos en su reflejo contable».

«La forma de gestionar multas en el período voluntario, en donde no interviene la Tesorería Municipal, es mediante cobro sin contraído previo, es decir, sólo se contabilizan los derechos que han sido recaudados, no habiendo ningún derecho de pendiente de cobro reflejado en la contabilidad. Esta situación, que ya se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, hace que sólo haya pendiente de cobro la parte que se gestiona en la Tesorería Municipal: las multas en período ejecutivo», reza un informe incorporado a la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Toledo del año 2014.

pistas. No obstante, el Ayuntamiento de Toledo tiene pistas de por dónde pueden venir las advertencias del Tribunal de Cuentas, ya que este organismo fiscalizador acaba de hacer públicas sus conclusiones sobre el servicio de recaudación del Ayuntamiento de Albacete. En el decálogo de recomendaciones, el tribunal considera que el Consistorio albaceteño debería «revisar» los acuerdos en vigor con las empresas que  prestan los servicios de suministro de agua, alcantarillado y estacionamiento regulado, estableciendo en ellos un régimen de retribución que «no implique la cesión de los ingresos por las tasas derivadas de la prestación de los dichos servicios».

Esta situación se da en Toledo en al menos dos servicios privatizados: la ORA y el suministro de agua. Especialmente significativo es el caso de Tagus, que debe al Ayuntamiento de Toledo cantidades que provienen del canon de  saneamiento, que recauda directamente la empresa de aguas, que es la encargada de reintegrarlo al Ayuntamiento de Toledo. La Tesorería municipal recuerda en su informe que a finales de 2014 la deuda de Tagus con el Ayuntamiento suponía el 13,75%del total pendiente de cobro. Los conceptos de esta cantidad adeudada   son por el reintegro del  gasto de la compra de aguas de Picadas y por la tasa de saneamiento y por el canon variable. Los retrasos en el pago obligaron al Ayuntamiento a conceder un fraccionamiento de pago en 2013 por importe de 2,4 millones, que la empresa, según la Tesorería, va «cumpliendo».