Alfredo nació el pasado 20 de junio en un pequeño pueblo de Soria en el seno de una familia humilde. Su padre ingresa un salario que no llega a los 1.000 euros netos mensuales y su madre, ama de casa, no tiene ninguna retribución. Hace una década, cada vez que alguien llegaba al mundo se decía que venía con un pan debajo del brazo y, en cambio, lo que se dice hoy es que solo por haber nacido en España le corresponde una deuda per cápita de 24.985 euros, es decir, más de 8.000 euros de lo que ingresa su progenitor en todo un año.

En este contexto, la deuda de las Administraciones Públicas españolas marcó hasta marzo un nuevo récord en 1.160.613 euros, equivalente al 98,8% del PIB, tras sumar 16.315 millones en el primer trimestre. Si se compara este indicador con el del mismo período de 2017, se observa un incremento de 35.478 millones, es decir, 375 euros más por habitante.

España figura en el ranking mundial de Deuda Pública en la décimo primera posición, por detrás de naciones como EEUU, Japón, China, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, la India, Canadá y Brasil.

Las cifras hablan por sí mismas y resultan especialmente preocupantes los registros de países como Italia, Francia, Alemania o el Reino Unido que superan los dos billones de dólares, o EEUU con más de 18 billones, Japón con 10,5 o China con casi 4,5 billones de euros.

Mientras las grandes potencias crecían, el indicador del déficit tenía poca importancia pero, tras la crisis, se ve la deuda mundial como la mayor trampa para el crecimiento y el progreso internacional. El FMI ha alertado en reiteradas ocasiones que la morosidad de los países se encuentra en niveles récord y que no hay lugar para la complacencia.

El organismo que preside Christine Lagarde argumenta que la deuda global, lejos de retroceder tras la superación de la crisis, sigue en una tendencia alcista, aunque algo más controlada. Actualmente, el déficit público de los Estados más desarrollados se encuentra en el 105% de media, su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, y para las naciones emergentes alcanza el 50%, un nivel no registrado desde la crisis de 1980.

Si bien el endeudamiento ha actuado como una medicina para salir de la crisis mundial de la última década, sin embargo, el abuso del crédito que han propiciado los diferentes gobiernos para mantener las políticas sociales y la alta burocratización, amenaza no solo con una nueva burbuja, sino con inocular el veneno de la próxima recesión de la que no se sabe cuando va a llegar ni los efectos que producirá en una sociedad más tecnológica que está experimentando los avances de la digitalización. 

Los expertos consideran que el crédito crea una adicción perjudicial en el avance de las economías y alertan de que ha hipotecado el futuro de las próximas generaciones. 

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió dejar de estimular la economía con la compra de bonos públicos y el Banco Central Europeo (BCE) anunció hace unos días que en diciembre de 2018 concluye su programa de compra de deuda soberana. La hoja de ruta diseñada por ambos organismos prevé un endurecimiento monetario progresivo y una inflación más controlada y ajustada.

El argumento más consensuado al que se agarran los expertos, 10 años después de que se cumpla la quiebra de Lehman Brothers, es que los actuales niveles de endeudamiento son autofinanciados con tipos de interés muy bajos que, en el caso de Europa están en negativo por debajo del 0% y en EEUU entre el 1,75% y el 2%.

Uno de los enemigos más representativos de la recuperación es la delicada situación financiera de las familias. Se trata de una partida que se ha doblado en la última década y que alcanza el 120% del PIB mundial, lo que, según los economistas, hace desaconsejar el endurecimiento de políticas tributarias con subidas impositivas, incremento del gasto público y abuso en la contratación de personal estatal.

Una teoría que cada vez está más extendida entre los economistas liberales es que ya no hay ciclos económicos, sino de crédito y, de ahí, que no conviene perder de vista el contador de la deuda. 

En esta línea, aseguran que España no alcanzará su objetivo de déficit hasta 2035 y denuncian, además, que financiar, como ocurre en la actualidad, los salarios de los empleados públicos, las pensiones o la Seguridad Social mediante prestamos con letras y bonos del Tesoro supone un lastre para el desarrollo presente del país y una hipoteca en el futuro. 

Así, la última iniciativa del Gobierno de solicitar un nuevo préstamo de 7.500 millones para pagar la extra de julio a los jubilados y hacer frente a una partida real en un solo mes de más de 18.000 millones de gasto público son decisiones muy cuestionadas que, lejos de buscar alternativas viables o tratar de crear riqueza potenciando los recursos existentes, encarece la financiación de las empresas e incrementa indicadores como la prima de riesgo y las diferencias sociales en un país como España en el que cada vez hay más ricos, más pobres y menos clase media como revela un informe de la Fundación BBVA que sostiene que «cerca de tres millones de personas se han desplazado de la zona central de la tabla a la parte baja de la distribución de la renta con lo que ya son más de un cuarto de la población las personas que se encuentran en tasas de vulnerabilidad».

Y lo que resulta más paradójico es que son los países en vías de desarrollo como la India, Brasil o China los que, con los sueldos más bajos del planeta tienen más capacidad de ahorro y son los que financian a las naciones más endeudadas del planeta.