El Consejo de Ministros ha rechazado la reclamación que presentaron los padres de Cristina Martín de la Sierra, la menor de 13 años asesinada por una compañera de clase en abril de 2010 en Seseña (Toledo), para que el Estado los indemnizara por no cumplir la legislación comunitaria en materia de protección de víctimas de delitos violentos.
Ante la decisión del Gobierno, la abogada de la familia, María Ponte, anunció ayer en Madrid que presentará un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión ante el Tribunal Supremo, que podría tardar unos dos años en pronunciarse, por entender que las familias de los menores víctimas de delitos violentos en España «no están bien protegidas» ya que la ley no prevé indemnizaciones ni ayuda psicológica por parte del Estado para ellas.
María Ponte explicó que la legislación española solo prevé la ayuda cuando el fallecido genera ingresos en la unidad familiar, como es el caso de un padre, por cuya muerte violenta el Estado paga una indemnización de 30.000 euros, por entender que se menoscaban los ingresos económicos familiares.
La letrada consideró contradictorio que la legislación de nuestro país mantenga esta actitud frente a las víctimas de actos terroristas, por accidentes de tráfico o por la construcción, e insistió en que España incumple la normativa comunitaria porque, en estos momentos, los padres de un menor fallecido sólo tienen derecho a que el Estado les pague el entierro de sus hijos.
Por su parte, el padre de la niña asesinada, Francisco Martín de la Sierra, que compareció en la rueda de prensa junto a su esposa, Pilar Montilla, reconoció que «no ve futuro» al cumplimiento de la sentencia que condenó a la autora y cómplice del crimen de su hija a indemnizar a la familia con 300.000 euros, e hizo un llamamiento para que el Tribunal Supremo escuche y atienda su petición porque se encuentra» «completamente desamparados».
En esta misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, José Miguel Ayllón, respaldó las peticiones de los padres de Cristina Martín de la Sierra y recordó que «no han cobrado nada» pese a que un juez dictó una sentencia para que les indemnizaran.
«Es una realidad que pasa a muchos padres que han perdido a sus hijos por delitos violentos. No cobran nada, están completamente olvidados. Ni siquiera se les da ayuda psicológica y, aunque el Estado intenta reinsertar a los presos, no quiere ni oír de las víctimas», afirmó.
Para el presidente de esta asociación, la decisión del Consejo de Ministros supone un «maltrato a las víctimas» porque no se las reconoce, a diferencia de las víctimas del terrorismo. «La única diferencia entre ambas es el móvil y el autor, pero el daño producido para los padres de las víctimas es el mismo, y el Estado tiene la misma obligación con ellos», añadió.
Por ello, y tras recordar que los familiares de todas las víctimas del 11-M cobraron una indemnización de 900.000 euros, acusó a España de incumplir la normativa comunitaria porque trata de modo diferente a unas víctimas que a otras, y no tiene una legislación acorde con los convenios que regule el resarcimiento económico y apoyo a víctimas.
«En el caso de Marta del Castillo, María Luz Cortes o los sucesos más recientes en El Salobre. Los familiares, según la legislación española, no van a recibir ninguna ayuda», aseguró, para subrayar a continuación que es muy probable que los padres de una menor asesinada padezcan después problemas económicos porque, con toda probabilidad, necesitarán ayuda psicológica o pueden perder incluso el trabajo por su situación emocional. «Las leyes comunitarias dicen que se les tiene que dar una indemnización justa. En la actualidad, los padres de estos menores están abandonados y olvidados, y son miles las personas que se encuentran en esta situación porque cada año hay 1.500 asesinatos en España y, casi ninguna de estas familias, reciben ningún tipo de ayuda», concluyó.