El Ayuntamiento de Toledo confía en poder acabar, con las herramientas legales que tiene a su disposición, con las empresas de transporte ilegales que, una y otra vez, son sancionadas por recoger a turistas sin el correspondiente permiso. Sólo la Junta de Gobierno Local del 7 de noviembre interponía seis sanciones más a Autocares Carlos Ugarte y Autocares Villar por valor de 2.001 euros y volvía a pedir el precintado de sus dos vehículos. Una empresa o empresas (aunque cada vehículo pertenecen a una compañía distinta, en el fondo parecen lo mismo) que acumulan como mínimo, apunta el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del pino, la friolera de ochenta sanciones de esta pena mínima por su delito.
El Ayuntamiento, apunta el edil, tiene una concesión para este servicio, «y no puede venir aquí todo el mundo a ejercer una actividad sin licencia». Tal y como consta en la mencionada Junta de Gobierno, la Policía Local ha comprobado una y otra vez que estos dos autobuses realizan a diario un transporte regular de viajeros en el casco urbano de Toledo para el que no están autorizados. De esta forma, salen por la mañana de la estación de Ferrocarriles; continúan por la carretera del Valle, donde realizan una parada en el ‘mirador del Valle’; prosiguen por el puente de la Cava y se dirigen a las dársenas de Safont, donde dejan a los turistas junto al remonte mecánico. Por la tarde, salen de las dársenas de Safont, junto al remonte mecánico, donde recogen a los turistas que los traslada a la estación de Renfe. Las esperas entre viajes las suelen hacer en las proximidades del Estadio de Fútbol o junto a la gasolinera próxima a la glorieta del Hortelano, en el paseo de la Rosa. Con esta actividad, denuncia el Ayuntamiento, las mencionadas empresas interfieren en las rutas establecidas por el propio Consistorio para el transporte turístico en la ciudad y que se prestan bajo la figura de un contrato administrativo especial por las empresas UTE Toledo City Sigthseeng y Trainvision Spain SL.
Sanciones. De ahí que la Junta de Gobierno esté decretando en virtud de cuanto antecede y en uso de las competencias atribuidas en el artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 7 de la Ley 14/2005, de 20 de diciembre; y con arreglo a las normas de procedimiento previstas en el artículo 146.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) sanciones administrativas por cada denuncia de 2.001 euros, y el precintado de los vehículos con los que se realiza el transporte durante el plazo de un año o, en su caso, durante el tiempo que precise la mercantil para la obtención del correspondiente título habilitante.
Pérez del Pino apunta que el Ayuntamiento confía en que el proceso continúe su curso legal, hasta que estas empresas dejen de ejercer la actividad para la que no tienen licencia. Porque si a día de hoy no están pagando las multas, apunta, terminarán haciéndolo. Todo sigue un procedimiento reglado, según el cual, quien no paga tiene unos recargos y, a la larga, unos embargos, si siguen sin pagar.
Por otro lado, el Ayuntamiento también ha decretado el precintado de los vehículos, que según la Ley de Tráfico, depende de la Delegación de Gobierno. De nuevo es un procedimiento reglado, que Pérez del Pino confía en que se desarrolle correctamente. El problema, apunta el concejal, es que hay que seguir unos pasos que son muy lentos, «aunque al final la justicia se impone antes o después, al final no hay más que un camino».