Según ha explicado a este diario el presidente del colectivo, Víctor Jiménez, el Ayuntamiento deberá devolver no sólo el IBI cobrado indebidamente desde 2013, sino también la plusvalía y los intereses por los años transcurridos. Se trata, añadió, de un recurso individual de un asociado de Apovata sobre un bien específico y concreto, del propietario de un terreno incluído dentro de las 720 hectáreas no reconocidas como tal, y a las que han tenido que hacer frente fiscalmente por una cuantía superior.