Carpetazo definitivo al proyecto de residencia universitaria en la calle de los Bécquer, en el Casco Histórico de Toledo capital. La Junta de Comunidades ha comunicado que devuelve al Ayuntamiento de Toledo los tres inmuebles municipales que formaban parte del complejo y ahora los gestores de la ciudad tienen «un problema»: no saben qué hacer con esas propiedades.

Los Bécquer tiene su origen en el convenio firmado el 14 de septiembre de 2001 entre los entonces consejero de Educación, José Valverde, y alcalde de Toledo, José Manuel Molina, a través del cual el Ayuntamiento cedía gratuitamente tres inmuebles de su propiedad a Educación, que ya contaba con otros dos en el mismo sitio. Desde esa fecha hubo que esperar a febrero de 2003 para que, con todos los requisitos en regla, se pudieran empezar las obras de demolición y consolidación de medianerías.

Lo que ha hecho la Junta de Gobierno Local esta semana ha sido autorizar la tramitación del expediente de reversión de tres inmuebles que fueron cedidos hace años a la Administración regional para la construcción de una residencia universitaria. De esta forma «la Junta de Comunidades ha renunciado definitivamente a construir la residencia de los Bécquer»

El concejal portavoz, Rafael Perezagua,  asegura que tiene constancia de que la Junta ha puesto a la venta el resto de propiedades sobre las que se iba a levantar la residencia.

Yexplica que por ahora en el Ayuntamiento sólo se plantean  cumplir la burocracia administrativa e incorporarlo al inventario del patrimonio municipal; más adelante «veremos» qué se puede hacer. «Es un problema, el mercado inmobiliario no está para enajenaciones, no hay compraventa».

Este proyecto tiene muchos años y nunca se ha podido finalizar por distintos inconvenientes con los que ha ido chocando. El primero fue la renuncia de la empresa a la que se adjudicó la obra originalmente cuando comprobó las dificultades que entraña acceder con maquinaria hasta el estrecho callejón.

Tiempo después hubo un paréntesis debido a que casi todo el trabajo de desescombro se  tenía que hacer a mano. Tampoco se pudo instalar una grúa, lo que de nuevo complicaba el movimiento de material y encarecía el trabajo. Además aparecieron restos arqueológicos (aljibes y galerías).

Más adelante el contratista se plantó tras hacer números. Se produjo un considerable aumento en el precio final del proyecto que, por ley, obligó a sacar un nuevo concurso.  

Donde el precio final era de 1,9 millones de euros y se tenía que aplicar un incremento por encima del 20 por ciento, cantidad que obliga a presentar un modificado y a volver a sacar un  concurso para que las empresas interesadas presenten ofertas sobre la base del nuevo precio. Al final se adjudicó por 2,5 millones y nueve meses de plazo de ejecución, pero la realidad es que no se ha hecho nada.

La residencia iba a contar con 75 plazas en habitaciones individuales y dobles, además de servicio de comedor y zonas comunes, todo ello diseñado teniendo en cuenta las normas de accesibilidad.