Varios colectivos ciclistas de la capital regional están preocupados por la desaparición de caminos públicos por los que aprovechan para pasear durante su tiempo libre. Estos aficionados a las dos ruedas han hecho entrega al Ayuntamiento de la ciudad de varios escritos dirigidos a los concejales de Cultura y Urbanismo en los que exigen la conservación del dominio público y el mantenimiento de «unos caminos que son de todos». Jesús González de la Fuente es miembro de ‘alas8bicienToledo’ y usuario habitual de estos caminos. Este pasado mes de agosto tuvo que parar su bici al encontrarse con las obras de vallado de la Quinta Mirabel, por donde, dice, transcurren dos caminos públicos que cree, según el proyecto, que «se van a cerrar». Asegura que los trabajos ahora mismo están parados porque la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha apuntaba que la intervención debería arrancar en octubre.
Las personas que frecuentan este espacio denuncian que desde el año pasado llevan sufriendo «advertencias y amenazas» por parte del personal de la propia finca. «Nos dicen que es imposible ejercer este derecho cuando en el Catastro aparecen como vías de dominio público». Es más, entienden que la intención de los propietarios es cerrar todo su perímetro, pero no tienen tan claro que «sea legal» en los caminos de Argés y la Quinta y el del Estacar.
Y es que, estos colectivos han podido acceder al expediente del cerramiento, han consultado el Catastro y el contenido de la Resolución del 10/12/2012 por la que se hace pública la declaración de impacto ambiental. Y esto les ha llevado a poner en cuestión la licencia y «la legalidad de la propuesta del concejal de Urbanismo de cerrar los caminos públicos a condición de hacer un camino nuevo que bordee la finca». Precisamente, este viernes 13 de septiembre tienen prevista una reunión con el edil de Urbanismo, Javier Nicolás, para aclarar la situación. «Los dueños dicen que los cuatro caminos que pasan por allí son privados y nosotros, con el catastro, demostramos que son públicos, a excepción de uno por el que casi no pasamos».
En este sentido, exigen al Ayuntamiento que cumpla con sus obligaciones de garantizar la conservación y mantenimiento de los caminos públicos. «Le corresponde discernir sobre cuáles son los caminos públicos porque de ello depende el correcto cumplimiento de la resolución que dice que el cerramiento no puede afectar al dominio de los caminos públicos que discurran por el interior de la finca debiéndose garantizar el respeto al libre uso de los mismos». Además, aclara que la decisión de qué caminos son públicos «debe saberse antes de que se otorgue la licencia de obra». La resolución considera ambientalmente viable este cerramiento siendo susceptible la autorización del Ayuntamiento dando la licencia de obra, algo a lo que se oponen los ciclistas.
González de la Fuente recuerda que en la convocatoria extraordinaria del Consejo Local de Medio Ambiente que se celebró en el pasado mes de julio, Javier Nicolás hizo pública su intención de elaborar un inventario de caminos públicos sólo con los caminos que llevaran a alguna parte. «Dice que muchos de los caminos públicos se cortan, pero durante los años que llevamos pasando por aquí hemos visto cómo desaparecen porque lo habitual es que los dueños o usufructuarios de la finca hagan cerca otro mejor para que la gente pase por él y el público desaparezca por falta de uso, luego impiden el paso por el camino privado y entonces el público se ha perdido».
Este documento ya está registrado en el Ayuntamiento después de contar con el respaldo de más de 500 personas entre colectivos ciclistas y senderistas. La vía que les queda es la queja. «No tenemos ganas de llegar a un juicio, pero tiene que ser el Consistorio capitalino el que impida que los propietarios de las fincas se apropien de estos caminos», hace hincapié.