La representación legal de la propietaria de los terrenos sobre los que se está levantando el centro de interpretación de Ciudad de Vascos, dentro del proyecto de puesta en valor del yacimiento por parte de la Diputación Provincial, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que ejecute la suspensión del acuerdo del Consejo de Gobierno regional que declaraba la urgencia en la ocupación de los terrenos.

Según confirmó a este diario el abogado que lleva el caso, Fernando Cid, a la vista de que las obras se están ejecutando, se ha decidido adoptar esta medida, ya que, agregó, el recurso presentado por la Junta -como también confirmaron desde el Gobierno regional que se había interpuesto- no supone la paralización del expediente hasta nueva resolución judicial.

De esta forma, «el recurso lo resuelve el mismo órgano jurisdiccional que ha resuelto ya y no suspende la ejecución de la resolución, así que, en teoría, se debería proceder a suspender el acto administrativo inmediatamente, lo cual no ha ocurrido y lo cual es contrario a derecho».

Por este motivo, la representación legal de la propiedad de los terrenos ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior esta misma semana que no se ha procedido a ejecutar el auto emitido el pasado mes de noviembre. En este sentido, los abogados que llevan el caso han presentado un acta de notoriedad autorizado por un notario y por el que se hace un «acto de presencia» en las obras el día 14 de enero, comprobándose que no se han parado los trabajos de puesta en valor de la antigua medina musulmana.

«Ahora, a la Junta y a la Diputación, pero sobre todo a la Diputación, se le plantea un doble problema, porque se tiene que proceder a aplicar el acto judicial y, además, entra en juego la parada biológica contemplada en la Declaración de Impacto Ambiental, lo cual tiene lugar a comienzos de febrero. Por lo tanto, tiene dos razones de peso para paralizar las obras», agregó Cid, indicando que «ahora estamos en este punto y no sabemos si lo van a paralizar o no»

La representación de la propietaria alegaba por un lado los posibles daños a la ecología y al medio ambiente que la ejecución del proyecto podrían causar, un motivo que «no tiene la relevancia que la parte pretende darle como fundamento de la medida, sin perjuicio de la importancia que pueda tener cuando se analice y se resuelva el pleito principal», dice el TSJCM.

Y, además, se agregaba que no está justificada la urgencia del proyecto, en tanto que, entre otras cuestiones, ya hay un centro de interpretación en el municipio de Navalmoralejo, y es en este extremo en el que en mayor medida se pronuncia el TSJCM. Así, «como se ha acreditado» a través de la prueba pericial practicada por un ingeniero de montes, aparte de la existencia de ese otro centro, «existe ya una vía de acceso al yacimiento con la misma función que la senda que se pretende trazar desde el embarcadero 2 hasta la propia media musulmana que desde muy antiguo está siendo visitado gratuitamente en su actual emplazamiento».

Por consiguiente, agrega el auto, «ante esta realidad incuestionable resulta muy difícil aceptar la necesidad de la urgencia de un nuevo centro de interpretación con nuevos accesos que duplican los existentes sin una explicación, que no se ha dado, de porqué las antiguas instalaciones no sirven o no cumplen los objetivos o funciones del nuevo proyecto; todo ello en un entorno de especial protección medioambiental cuya salvaguarda debe restringir la realización de obras como las previstas».