La Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han suscrito un acuerdo para proteger la estabilidad en el empleo de los trabajadores de contratas municipales. Pese a su carácter ambicioso, el acuerdo en sí no pasa de ser por el momento una declaración de intenciones, ya que su vigencia en cada municipio depende de que sea aprobado por su ayuntamiento respectivo.  

Este límite a la implantación del acuerdo, que debe ser adoptado por el Pleno de cada Consistorio de la región, era reconocido por los tres intervinientes en la firma del acuerdo: la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, y los secretarios regionales de UGT y CCOO, Carlos Pedrosa y Francisco de la Rosa.

Aún así, Fernández manifestó que espera que «la mayoría» de las corporaciones locales lo acepten, al redundar en una protección de los trabajadores de contratas. La responsable de la FEMP insistió en que estos empleados, aunque trabajen en servicios privatizados, también deben ser considerados como «empleo público» toda vez que las empresas a las que dan servicio desarrollan una concesión sufragada por dinero municipal.

Por su parte, el secretario regional de UGT detalló que la firma de  este acuerdo evita a los sindicatos hacer un peregrinaje ayuntamiento a ayuntamiento por los más de 900 municipios que componen Castilla-La Mancha para proteger a los empleados de concesiones municipales. Las dos partes se comprometen a divulgarlo para agilizar su puesta en marcha. Así, mientras la FEMP lo pondrá en conocimiento de las corporaciones, UGT y CCOO se reunirán con los grupos políticos de cada Consistorio con el fin de instar a que se sumen.

La ley de contratos, frente a la reforma laboral.

El acuerdo se basa en incluir medidas de salvaguarda de los empleados de concesiones si tras una licitación cambia el adjudicatario. Para ello, se establece que en los pliegos de licitación del servicio correspondiente se introduzcan cláusulas que obliguen al ganador del concurso a asumir la plantilla del servicio externalizado, a no asumir despidos para evitar un empeoramiento del servicio y a no rebajar el salario de los trabajadores. Para ello, el acuerdo se fundamentará en la recientemente aprobada Ley de Contratos Públicos del Estado.

Pedrosa destacó que el acuerdo, de este modo, actúa como una suerte de valladar a los efectos que la última reforma laboral ha tenido en las plantillas de los servicios privatizados.