«La salud en los juzgados va mal, sobre todo, en Penal, Social y Mercantil»

M.G.
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Lleva años pidiendo juzgados, refuerzos y medidas que ayuden a paliar el importante déficit en los juzgados de Toledo. Juan Ramón Brigidano ve necesario definir el modelo de juzgado para intentar modernizar la administración de Justicia.

Los jueces le han vuelto a reelegir recientemente como juez decano de Toledo ¿Cuáles son sus objetivos para este nuevo mandato?

Cumplir lo que pensé que se iba a cumplir en los cuatro años precedentes, pero no ha sido así. Los objetivos no se han cumplido porque tampoco lo han hecho los de la legislatura al no definir un modelo de juzgado y es el argumento que se ha utilizado para decir que no se pueden crear juzgados. Por tanto,  tampoco se ha conseguido la división de jurisdicciones ni el establecimiento de juzgados especializados, como el Mercantil o el de Violencia sobre la Mujer, como ha ocurrido en otros sitios.

Si pudiéramos y la carga de trabajo permitiera la división de civil, instancia e instrucción habría que conseguir juzgados de familia también. Con juzgados especializados se da mejor servicio al ciudadano y se consigue más celeridad porque no se para el trabajo cuando estamos de guardia y es un poco más racional.

La salud de los juzgados es muy frágil desde hace años y es mejor o peor dependiendo de las jurisdicciones. ¿Cómo marchan ahora?

La salud va mal y la peor la sufren los juzgados de lo Penal porque son de ámbito provincial y están bastante al margen de consideraciones económicas. La crisis ha afectado a otros juzgados, pero el tema penal, aunque puede tener alguna relación con la situación económica, tiene un estándar bastante homogéneo y lo que pasa va a seguir pasando aunque mejoremos económicamente. Hay dos juzgados y deberíamos tener cuatro, así que hay una dilación en los señalamientos que afecta a toda clase  de seguridad jurídica y se asoma a la prescripción de delitos.

Los juzgados de lo Social también están muy saturados y su problemática sí tiene que ver con la crisis, pero existe tal déficit que ya no es coyuntural sino estructural. Tenemos dos, pero sería necesario llegar a cuatro porque siempre habrá conflictos laborales, despidos y reclamaciones de cantidad, entre otros asuntos, y no pueden dilatarse tanto... Hay una dilación muy importante a pesar de que trabajan tres jueces para dos juzgados, pero sería necesario un cuarto porque la estructura está preparada para doblar la carga.

Y el juzgado de lo Mercantil también tiene mala salud. Lo último que sé del Consejo General del Poder Judicial es que estamos en una carga del 415%, es decir, el trabajo de 4,5 juzgados y produce dilaciones. Aun así, el Mercantil está sujeto a unos condicionantes económicos muy intensos, como ocurre con los concursos de acreedores, aunque ha habido una bajada muy intensa en cantidad...

Pero ahora se ven muchos asuntos relacionados con las cláusulas suelo...

Sí. El 80% de las vistas que tengo son impugnaciones de particulares. Ycreía, sinceramente, que se iban a acabar con las sentencias del Tribunal Supremo aplicando una retroactividad limitada y definiéndolo en la transparencia, pero no ha sido así. Antes de las cláusulas suelo celebraba unos cien juicios ordinarios al año y ahora quinientos y es una barbaridad. No hay días para celebrar tantos.

Llama la atención que el Mercantil sea el tercer órgano más saturado cuando la tasa de pendencia arroja que es el primero. Según la estadística de actividad del CGPJ se necesitarían nueve años para dar salida a todos los asuntos.

Efectivamente. Ahora estamos en una situación especialmente mala porque este juzgado ha sido atendido por dos jueces y desde hace más de seis meses estoy solo y es imposible asumir tanto. Antes uno hacía declaraciones y el otro juicios por ejemplo, pero ahora no tenemos ese don de la ubicuidad y hay que hacer una cosa y después otra y a un ritmo importante. De momento, he propuesto el nombramiento de un juez de refuerzo y espero que venga pronto para evitar estas cifras tan disparatadas.

El Tribunal Superior de Justicia de la región ya remarcaba la necesidad de crear quince nuevos juzgados en la provincia hace dos años, cinco de ellos de urgencia, para acabar con la saturación de los órganos y la falta de medios. ¿Cómo ve la petición?

Son cuentas que se hicieron hace años. Algunas se han consolidado, como la creación de órganos en lo Social, lo Penal y un juzgado mixto más para tener un Mercantil exclusivo y que tenga más solvencia. También hay partidos judiciales muy saturados, como ocurre con Illescas, Orgaz y Talavera. ¿Quince juzgados? Sí. En otros casos, como en los de lo Contencioso-Administrativo la situación ha mejorado, quizá por las tasas judiciales, por la condena en costas u otras razones. Es cierto que funcionan con refuerzo y están reduciendo la tasa de pendencia.

Por contra, hay una saturación muy importante en materia sensible como familia o violencia contra la mujer, que tiene que funcionar de manera exclusiva y no compartiendo sala con otras materias.

En violencia de género las estadísticas apuntan que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 registra una denuncia cada dos días. ¿Cómo anda de carga?

Está bastante estable y sin alteraciones a la baja ni a la alta. Hay que atender las puntas de la violencia contra la mujer, pero es complicado porque hay días que no hay y otros en los que se acumulan cuatro asuntos y provocan que la gente esté esperando mucho tiempo porque el juzgado de violencia, que se dedica también a otras cuestiones, se constituye a las 11,30 horas. Si dividiéramos los días por los asuntos de violencia estaríamos muy bien porque a las 14 horas todo el mundo se iría a casa, pero no es así porque hay días sin nada y otros con muchísimo.

También desde hace tiempo se denuncia la falta de psicólogos que produce un retraso de más de un año en informes. ¿Se intentará poner solución?

Es un problema importante... Recuerdo que empezamos a pedir más psicólogos hace diez años. Lo más lógico es pensar que una provincia de 700.000 habitantes no puede estar atendida por un solo psicólogo, así que sería necesario acercar el recurso al ciudadano y tendríamos que tener dos psicólogos más, uno en Illescas y otro en Talavera. Pero si no fuera así, habría que doblar porque estamos hablando de materias muy sensibles y este profesional interviene en una custodia o cuando se necesita una información sensible para muchos temas y si no hay da lugar a una victimización enorme.

El Gobierno ha rectificado sobre la ley de Tasas. ¿Ha repercutido en la actividad judicial?

No. Curiosamente, en el Mercantil es donde se puede ver esa incidencia claramente porque tenemos asuntos muy pegados a la ley de consumo, como las cláusulas suelo, pero no se nota. El año pasado y el anterior, con la ley de tasas, había mucha demanda, pero quizá los abogados lo descontaban de sus honorarios o la gente hacía ese esfuerzo. Incluso la tasa ha podido ser un factor de animación.

La memoria de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha señala importantes gastos anuales en el mantenimiento de este palacio de Justicia y en facturas de taxi que ascienden a 36.000 euros a pesar de la rebaja de los gastos... ¿Los juzgados se podrían apretar más el cinturón?

Si el Palacio de Justicia es caro de mantener tendría que ver la gente cómo se mantenían cinco o seis  sedes dispersas, cada una con su aire acondicionado y con vigilancia distinta. No sale mal parado con la cantidad de juzgados que se atienden en este edificio.

Respecto a los taxis, el problema es que seguimos operando de una forma anclada en el pasado. Las comunicaciones personales son necesarias en la mayoría de las casos, pero tenemos que ir avanzando en la comunicación por vía telemática. Aquí el Mercantil ha sido pionero porque la comunicación dejó de hacerse por entrada de escritos y empezó por esta otra vía. Y aunque uno puede pensar que este sistema ya está en todos los sitios en Justicia todavía no. Ahora vamos hacia el papel cero y cuando se avance en las comunicaciones electrónicas el gasto de los traslados del servicio común de Notificaciones y Embargos dejará de costar tanto dinero, pero siempre habrá un mínimo, como un lanzamiento, que necesitará una comunicación personal.

Jueces por la Democracia ha celebrado un congreso y una de sus conclusiones más llamativas apunta que la vivienda tiene que ser regulada para que se garantice su condición de derecho fundamental y su efectividad real...

Recuerdo un congreso de decanos hace tiempo en Valencia antes de la regulación real y ya dijimos que no podíamos ser meros espectadores ante la realidad que decía que ante una situación de impago se pusiera en marcha un procedimiento y atendiéramos a ese lanzamiento sin ninguna posibilidad de objeción, todo eso porque se habían incumplido todos los pasos de transposición de una directiva comunitaria que obligaba a establecer, al menos, un principio de audiencia para que alguien pueda decir si hay algo de abuso.

Después de esa advertencia que tenía como objetivo tutelar el derecho a la vivienda y el derecho de audiencia se han abierto pasos muy importantes. Ahora una persona que se vea sometida a un procedimiento puede alegar abusividad y hay un cauce, pero se puede avanzar más aunque las entidades que tiene delante el particular son de una manera o de otra y sólo algunas ofrecen voluntariamente, por ejemplo, alquileres sociales de 150 euros, y dan cierto margen.

¿Están preparados los juzgados para todos los delitos relacionados con las redes sociales?

No. Los juzgados están preparados para solucionar conflictos, pero la cuestión sería analizar si algunos deben ser solucionados por estos órganos o ver cuál es el límite de la libertad de expresión. Si tenemos problemas en algo tan básico como un informe de familia mucho más si hay que investigar en las redes sociales. Tenemos dificultades, pero la Policía sí está preparada para esa investigación.

¿Están demasiado expuestos los casos y los jueces en los medios de comunicación?

Está bien informar, publicar estadísticas y hablar de la carga de trabajo de los juzgados porque se le está diciendo al ciudadano si somos de primera, segunda, tercera o cuarta categoría... Si un servicio público está bien da buen servicio y si no lo da puede ser porque no se trabaja lo suficiente o porque hay un desbordamiento importante. Además, siempre me he quejado de que la gente está muy atenta para que haya servicios públicos de sanidad y de educación, pero no tanto de Justicia a pesar de que se señale un juicio para 2018.